SALTA (Redacción) – La confirmación sobre las nuevas excepciones a la cuarentena obligatoria tuvieron repercusiones en el seno del Poder Legislativo de Salta. Al respecto se refirió el diputado provincial Carlos Zapata, quien nuevamente defendió la realización de asambleas de manera presencial. A pesar de la gravedad que implica la pandemia, Zapata afirmó que «no hay ningún motivo para cambiar la forma de sesionar» en Diputados.
En diálogo exclusivo con SALTA4400, Zapata consideró que «en ningún momento se han dado los extremos para que exclusivamente u obligatoriamente debamos sesionar de forma no presencial«. Incluso, instó a que los miembros de la Cámara Baja de la Provincial respeten esta «regla general». Además, enfatizó en la importancia que posee el organismo para la calidad institucional del distrito. «Estamos en una Cámara de Diputados, no en un Concejo Deliberante», exclamó.
Asimismo, el legislador remarcó que en Salta no existen «circulación viral» de COVID-19. De esa manera, ponderó que «no haya nuevos casos ni cuadros autóctonos de coronovirus». También, valoró que «los ingresos a la provincia estén bien cerrados», a fin de tener esta problemática bajo control. «Mientras eso este así, de ninguna manera vamos a tener sesiones virtuales», ratificó. En este orden, reiteró que «no hay ningún motivo como para cambiar la forma de sesionar».
Diputados
Acerca de la última asamblea en el recinto, Zapata afirmó: «Hemos funcionado bastante bien. Fue una sesión normal que duró 6 horas». Asimismo, se explayó acerca del proyecto de Ley que había presentado el legislador Gonzalo Caro Dávalos. En ese sentido, refirió que a través de esta alternativa se busca ordenar que las concesionarias de servicios públicos dispongan de más espacios de atención presencial al público. «Considero que la relación que existe entre el Estado y la concesionaria está dada por el contrato», indicó.
En esa línea, el diputado aludió que en el convenio se encuentran «las normas que hacen al buen servicio y al interés del consumidor para recibir una pronta atención». «En cuanto a la facultad de exigir el cumplimiento de esas leyes, ya cae sobre el Ente Regulador de Servicios Públicos», formuló. Además, remarcó que «no había existido una consulta ni invitación al titular del Ente para ver si había realizado alguna gestión o tenía su plan de emitirla».
