SALTA (Redacción) – El accionar de la Policía de Salta y de las autoridades que tienen que controlar el accionar de las mismas, ha dejado mucho que desear, más aún con una serie de irregularidades que tiene a la fuerza como protagonista. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, el cual comanda Juan Manuel Pulleiro, parecen no inmutarse ante el pedido de explicaciones por parte de los organismos de DDHH, INADI y demás autoridades tales como diputados y senadores provinciales.
En esta oportunidad quien salió al cruce del ministro fue el diputado provincial Manuel Santiago Godoy, que cargó contra el funcionario por la falta de «control» que ejercen sobre la Policía y los procedimientos que la misma realiza, y de la cual hay muchos testimonios que denuncian excesos. Godoy también había denunciado que parte de estos repudiables accionares, estaban amparados en las facultades que el Ejecutivo Provincial delegó a través del decreto 255, al que calificó de «anticonstitucional«.
“Dijeron que no pasa nada, que está todo bien”, pero la realidad es otra, sostuvo Godoy, recordando que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara visitó Rosario de la Frontera donde solo en esa localidad encontraron 10 denuncias contra policías. La misma Comisión se encargó de hacer la recopilación y de brindar acompañamiento a las víctimas de la brutalidad policial, y que en algunos casos eran en contra de personas mayores de 70 años. También se habia solicitado que Pulleiro respondiera por estos hechos.
El INADI también se expidió
En una entrevista brindada a FM89.9, el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquarson expresó que la situación socioeconómica de pobreza y exclusión social; la racialización; el rango etario y el género son variables amplificadoras de la desigualdad. Considerando este marco, explicó que «las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables”.
Sin embargo, no es la primera vez que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) delegación Salta se ha pronunciado respecto al accionar policial. De manera previa, lo hizo en un documento. En esta línea, cuestionó el alcance del Decreto 255/20 por el cual el gobernador en el marco de la cuarentena dio amplias facultades a la policía. El organismo puede entonces, detener, juzgar, sentenciar y aplicar penas sin posibilidad de defensa, ni control judicial, vulnerando las garantías constitucionales.
