SALTA (Redacción) – Lejos de terminar en el marco del plenario, funcionarios de la Municipalidad de Salta y concejales de Salta continúan enfrentándose a raíz del plan puesto en marcha desde Movilidad Ciudadana. El plan contiene diversas obras que dividieron las aguas en la opinión pública y que plantearon múltiples cuestionamientos por parte de los ediles. Todo comenzó con las problemáticas bicisendas ubicadas en las principales arterias del centro de la ciudad.
Fue en el espacio de Manifestaciones de la sesión del Concejo Deliberante, donde la concejal Paula Benavides, se refirió al plenario en el que se abordó el Plan de Movilidad Urbana. La misma, indicó que al escuchar algunos fundamentos sobre el mencionado Plan, “las respuestas no fueron para nada satisfactorias» por parte de los funcionarios.
Entre la ignorancia y la soberbia
Además, se refirió a la polémica en torno a que algunas obras se ejecutan en base al Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental -PIDUA II-. “Días antes a que se realice el plenario los concejales fuimos tratados como ignorantes. Desde el Ejecutivo Municipal se decía que todo lo que se está realizando está basado en el PIDUA II”, reveló la edil.
Pero, como era de esperarse el debate no terminó allí. “Sin embargo, cuando consultamos sobre los criterios previos del mismo PIDUA, hicieron agua”, disparó le edil del Bloque Salta Independiente. Asimismo, en referencia a las bicisendas, manifestó que la obra llena de dudas a la opinión pública tanto como a sus pares, lo que motivó el llamado a un plenario.
Precisamente, Benavides comentó que recién en el plenario supieron que la misma no se ejecuta por administración, sino a través de una empresa que logró una adjudicación directa. Además señaló que no existe cartel de obra. “No hubo planificación ni información a los vecinos ni al Concejo Deliberante”, dijo la concejal. A su vez, agregó que se desconoce cuánto le va a costar al erario municipal la obra de la bicisenda.
Finalmente, Benavides recordó que los concejales tienen entre sus facultades, las de sancionar ordenanzas para darle herramientas al Ejecutivo. De la misma manera, los ediles pueden controlar, tras lo cual lamentó que “ninguna estas facultades le son reconocidas al Concejo». De hecho, ejemplificó que no se ejecutan las ordenanzas y resoluciones y que los pedidos de informes se contestan vagamente cuando lo hacen.
