SALTA (Redacción) – Existe una pandemia de la que mucho se habla y se intenta hacer a cuestas del silencio, la naturalización y las muertes diarias. Se trata de la violencia de género, una realidad que lastimosamente caracteriza a Salta con cifras por femicidios que llevan a la provincia a estar en el ranking más vergonzoso y preocupante. Con este escenario sumado al del encierro producto de la cuarentena, se torna urgente y de allí la importancia del proyecto aprobado por senadores.
La Cámara de Senadores de Salta, aprobó en definitiva el proyecto de ley en revisión, por el cual se prorroga desde su vencimiento y por el término de dos años la vigencia de la Ley 7.857. La misma declara la Emergencia Publica en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la Provincia de Salta y promueve mayores acciones para contener a las víctimas además de visibilizar las distintas realidades de cada una de ellas.
Los antecedentes de la emergencia
Cabe recordar que en septiembre Diputados aprobó la iniciativa de autoría de la diputada Alejandra Navarro y con la sanción de la Cámara Alta, pasó al Poder Ejecutivo para su Promulgación. Durante el tratamiento, la senadora por La Caldera, Silvina Abilés, indicó que se reunieron con la representante del Senado en el Observatorio de Violencia contra la Mujer, Inés Bocanera.
En este sentido, destacó que desde 2014, cuando se declaró la Emergencia, se crearon Juzgados, Defensorías, Oficinas y Fiscalías por Violencia de Género que pudieran generar contención y brindar soluciones para las víctimas. Sin embargo, los balances son alarmantes, “En 2016 hubo 14995 denuncias y en 2019 21.700 ¿esto quiere decir que no sirvió todo lo hecho? La respuesta es no”, disparó Abilés.
Mientras tanto, los promotores/as contra la violencia de género se preparan para salir a la calle
Sin embargo, subrayó que lograron que las mujeres se animen a denunciar y se visibilice el problema. Paralelamente, agregó que si bien se logró mucho “mientras sigan habiendo hechos de violencia y femicidios, se sigue en deuda con la sociedad, por eso se hace necesaria esta prórroga”. Cabe señalar que esta decisión se suma a otra que desató la polémica y que involucra 18 millones de pesos para la creación de promotores y promotras territoriales contra la violencia de género.
Este último se aprobó con media sanción en diputados. Lo mismo se dispuso tras un extenso debate que involucró cruces por las prioridades, el origen de los fondos y la inversión en sí misma. La figura del promotor tendrá como deber prevenir y combatir la violencia de género, diversidad y familiar con una activa gestión en el territorio y cerca de las víctimas. Además, se encargarán de realizar charlas, talleres y conversatorios que involucren a la comunidad.
