SALTA (Redacción) – Una de las noticias más trascendentales de la jornada hizo referencia a que a partir de fin de año, las compañías emisoras de las tarjetas de crédito deberán comenzar a llevar un registro más severo. Esta medida recaerá en todos los movimientos que realicen de aquí en más sus usuarios. Por lo cual, habrá un mayor control de las acciones y menos espacio a la privacidad. De la misma manera, deberán resguardar esta información recopilada durante el transcurso de diez años.
Por otra parte, las empresas en cuestión se verán comprometidas a tomar en consideración las regiones geográficas en las cuales se realicen las actividades. Esta acción tendrá el eje puesto en abordar cuestiones relacionadas con la inseguridad. Por ejemplo, en caso de tratarse puntualmente de zonas habituadas a un mayor tipo de delito. La presente política fue oficialmente dispuesta por la Unidad de Información Financiera; con el principal objetivo de evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La resolución de la UIF
De esta manera, por medio de su resolución, la Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que aquellas entidades emisoras de plásticos estarán obligadas a que evaluar los antecedentes de cada uno de sus respectivos clientes. Uno de ellos podrá ser, el corriente comportamiento que presentan los diversos usuarios desde el mismo inicio de la relación comercial hasta el final de la misma. En este sentido, habrá un mayor control y menos espacio para la privacidad; debido a que las compañías deberán tener conocimiento de una gran cantidad de datos personales.
A través de la medida impulsada por la UIF, los diferentes clientes deberán rendir cuentas sobre su especificación de la residencia, nacionalidad, un estimado de los ingresos que se recibe y sus consumos. Bajo la política en cuestión, los usuarios también se verán obligados a notificar a las empresas respecto de las transacciones llevadas adelante, el patrimonio que poseen, la actividad laboral que emprenden a diario, si se trata de una persona jurídica o física; y el medio de pago que se utilice.
Más aspectos a tener en cuenta
Es de suma importancia destacar, además, que no está alcanzada por esta directiva de la entidad estatal la firma encargada de emitir la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico). Dicho uso pasa por el abono de los diferentes medios de transporte correspondientes a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. De la misma manera, también quedarán exceptuadas aquellas empresas que para fidelizar clientes, les otorgan plásticos que sólo funcionan en sus locales comerciales.
Por otra parte, las compañías se verán afectadas en otro aspecto muy trascendente a tener en cuenta. El propio refiere a que deberán dar cuenta de lo estipulado por la Unidad de Información Financiera también tendrán –obligatoriamente- que calificar el riesgo de aquellos productos elaborados, que hayan implicado el empleo de nuevas tecnologías. En este sentido, también será preciso que notifiquen públicamente, cuando lleven adelante modificaciones en los elementos que ya poseen en oferta.
Finalmente, en lo concerniente al lavo de activos, la iniciativa apunta a prevenir el riesgo de que esto se produzca en cualquier tipo de situación específica o semejante. Por tal motivo, para concluir, además, se procederá a vigilar los diferentes canales de distribución y ventas; con la principal finalidad de lograr un mayor control en el financiamiento al terrorismo. Esta medida aplica a la operatoria vía internet o la comercialización realizada a través de los diversos dispositivos móviles.
