El femicidio de Úrsula Bahillo en manos de un oficial de la policía bonaerense puso en tela de juicio a la relación de las fuerzas de seguridad con la violencia de género. Es por eso que la diputada nacional, Patricia Mounier, presentó un proyecto para retirarles las armas a aquellos oficiales de las fuerzas de seguridad acusados de ejercer violencia contra la mujer.
La medida, que ya se implementó en la provincia de La Pampa, busca generar un método efectivo para reducir los hechos violentos que puedan protagonizar los efectivos de las fuerzas de seguridad en el seno de sus familias. Es por eso que, en su fragmento más polémico, el proyecto de ley establece que la sola posesión de las armas por parte de agentes representa un riesgo inminente hacia las mujeres.
Asimismo, Patricia Mounier defendió su proyecto de ley y explicó los por menores de esta medida. “Una iniciativa que surge de la necesidad de generar herramientas efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género. El documento aborda la problemática de la tenencia y uso de armas de fuego de integrantes de las Fuerzas, desde una perspectiva de género”, señaló la diputada del Frente de Todos.
La legisladora justificó su proyecto de ley contra la violencia de género con unas alarmantes estadísticas. “Teniendo en cuenta que el 26% de las mujeres baleadas durante 2020, fueron asesinadas por un hombre con un arma de fuego provista por el Estado es que la diputada por el Frente de Todos presenta el siguiente proyecto de ley, con el fin de ‘saldar los vacíos legales existentes, garantizando la seguridad pública y los derechos humanos de las mujeres’”, resaltó.
¿Cómo se aplicaría esta ley?
En caso de que el Congreso apruebe el proyecto presentado por Patricia Mounier, los oficiales que sean acusados de violencia de género tendrían que entregar su arma y ser suspendidos de la fuerza que integren. Además, jueces y fiscales estarían obligados a aplicar esta ley, algo que según la autora del proyecto no sería inconstitucional.
