SALTA (Redacción) – Este jueves los senadores sancionaron un proyecto de ley para proteger a los adjudicatarios de las viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de cuestiones legales que pudieran poner en riesgo la propiedad. Con esta normativa las casas entregadas serán declaradas como «bien de familia«. «No podemos hacer correr el riesgo de que las familias estén desprotegidas. Esto va a ser un gran amparo», describió el legislador Dani Nolasco.
De esta manera, el inciso 12 del artículo 11 de la Ley Orgánica N° 5.167 del IPV establece: “Afectar los inmuebles adquiridos mediante la presente Ley, al momento de suscribir las escrituras públicas traslativas de dominio, al Régimen de Protección de la Vivienda del artículo 244 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, a favor de los adjudicatarios y su grupo familiar”.
Una protección sin gasto extra
«El trámite de protección de un inmueble como vivienda familiar, antes conocido como ‘bien de familia’ es gratuito, además de darle una protección al adjudicatario y su grupo familiar no significará un gasto extra”, comentó Nolasco. En este mismo sentido consideró: «Es muy importante. Este inciso permite proteger a los adjudicatarios de las viviendas del IPV que antes tenían que hacer un trámite ante la Dirección de Inmuebles para inscribirlo como bien de familia.
Del mismo modo explicó que el objetivo del proyecto es proteger al los adjudicatarios. «De alguna cuestión legal con la que pudieran perder o tener afectada su vivienda», indicó. «Con esta ley vamos a lograr que una vez que sea adjudicada desde el IPV, ya salga con esa protección legal. Y no sean causa de embargo para las familias. Estas viviendas son adjudicada más que nada a los más necesitados»,agregó. La normativa no incluye a las casas que ya fueron otorgadas.
Por ende, serán inscriptas aquellas que se adjudiquen una vez promulgada la ley por el Poder Ejecutivo. «Muchísimas familias han quedado en la calle por no haber tenido inscripto como bien de familia, por lo que sufrieron el embargo por diversas índoles. Algún préstamo, alguna tarjeta que quedó impaga o alguna situación accidental», comentó el senador. «Es proteger a los que menos tienen y a los que más necesitan. Así que fue un avance», concluyó.
