SALTA (Redacción) – Hay tres policías de Salta que terminaron detenidos este lunes por estar implicados en múltiples causas de abuso de la fuerza. En las últimas horas, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió la prisión preventiva de los tres efectivos ante el Juzgado de Garantías 2. «Tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común», argumentó.
Como bien se informó, los tres policías se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana. Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, del destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, de la subcomisaría de Los Toldos. «Fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad», detallaron desde la Fiscalía.
Detenidos por agredir a varias personas
«De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas. Entre las cuales se encontraban dos menores de edad», apuntaron las autoridades. Del mismo modo detallaron que este accionar se vio en muchas situaciones: «Sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales». Además, uno de los damnificados perdió un ojo «por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro», agregaron.
Por su parte, la fiscal Simesen de Bielke apuntó que la investigación permite: «Sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga. Con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial». «En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno», advirtió.
En consecuencia, solicitó la prisión preventiva de los policías «debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común». También señaló que es necesario que los testigos declaren libres de toda influencia: «Motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados».
«Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor», concluyó el informe de la Fiscalía.
