SALTA (Redacción) – El responsable de la Secretaría de Políticas Penales, Pablo Alavila, advirtió que podrían extenderse los plazos de adecuación de la Provincia de Salta al nuevo Régimen Penal Juvenil, debido a que todavía no fueron cubiertos una serie de cargas en la estructura gubernamental. Según indicó, en la Ley N° 8097 se prevé la realización de una adecuación dentro de las estructuras del Poder Judicial, del Ministrio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo” de la Provincia.
En diálogo exclusivo con Salta 4400, Alavila señaló que en el contenido de esta normativa se establece que “entrará en vigencia el próximo jueves 5 de septiembre”. Sin embargo, aludió que “a la fecha no se han cubierto las necesidades de recursos humanos” para que pueda ser puesta en funcionamiento. “Tanto en el Poder Judicial como fundamentalmente en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia no se han creado los cargos necesarios para la entrada en vigencia de dicha ley”, contó.
“Por lo tanto, resulta necesario conceder una prórroga a los fines de que esos cargos sean cubiertos, de modo que pueda implementarse lo que prevé la ley”, reclamó el funcionario. Acerca de la cantidad de nuevos puestos que deberían ser tomados en las próximas semanas, sostuvo que “no hay un número de roles, pero sí se establece con total claridad” cuáles deben ser rol que obligatoriamente se deben garantizar. En primer lugar, señaló que “en el Ministerio Público Fiscal tienen que existir fiscales penales especializados”, mientras que “el Poder Judicial debe presentar Juzgados de Menores”.
Igualmente, Alavila consideró que “es importante destacar que todo este sistema tiene como característica fundamental la especialidad”, lo que implica que por medio de este régimen se evite “compartir la temática de la Justicia Penal Juvenil con otros fueros y competencias, sino que tiene que ser una labor de la justicia especializada”. Por ello, precisó que “no hay un número específico de cargos de fiscales y jueces, sino que es más bien la necesidad de que cada distrito judicial de la Provincia cuente con juzgado especializado en justicia juvenil; y por parte del Ministerio Público, con fiscales, defensores oficiales y asesores de menores”.
El futuro régimen
En tanto, el secretario comentó que el Régimen Penal Juvenil “se adecua al Código Procesal Penal de la Provincia, que hace varios años que establece el sistema acusatorio”. De esta manera, informó que “la carga de la investigación estará en manos de los fiscales, quienes luego solicitarán lo que corresponda a cada uno de los jueces”. “Hasta el día de hoy el régimen no tiene esa modalidad, ya que actualmente los jueces de menores son los que tienen a cargo la investigación y el juzgamiento o lo que corresponda dictaminar”, añadió.
Consultado por la cantidad de menores que están en conflicto con Ley, Alavila remarcó que en los últimos tiempos “el número ha descendido” y, respecto a este fenómeno, reconoció que la caída está vinculada con que “la Provincia ha tomado y ha hecho parte el principio de que la prohibición de libertad de menores no debe ser la regla, sino la excepción”. “Todos los principios y tratados internacionales adoptados, inclusive por la Constitución, establecen que se deben aplicar todo tipo de alternativas que no sean la privación de la libertad”, expuso.
“Hoy en día en la Provincia de Salta tenemos aproximadamente 80 jóvenes distribuidos en los tenemos centros de atención de Metán, Orán y Tartagal, y cuando asumimos la gestión el número rondaba en 200”, valoró. Acerca de estos individuos, Alavila comentó que en su mayoría son adolescentes de 16 y 17 años, ya que “cuando cumplen 18 años se inician los trámites legales para que sean trasladados hacia unidades penales, si así lo consideran los jueces”. “También, como medida excepcional, se prevé que jóvenes de 14 y 15 años puedan ser privados de la libertad hasta tanto se defina su situación particular”, agregó
