SALTA (Redacción) – Ya pasaron tres días desde que se realizaron los operativos policiales en Salvador Mazza. A pesar de los 18 allanamientos realizados, con el despliegue de más de 200 efectivos, el secuestro de 200 millones de pesos, cuatro vehículos de alta gama, tarjetas de crédito y un arma. Debido a esto fue imputado Rubén Méndez, quien es el intendente electo de esta localidad.
Por los hechos ocurridos en Salvador Mazza, además de Méndez hay otros 10 imputados, entre familiares y empleados de la comuna. La Fiscalía Provincial manifestó que «no consideramos que existan motivos para su detención» y que además «no tenemos ninguna sospecha de que él pueda fugarse», en referencia a Méndez. «Se llevaron a cabo las audiencias de imputación donde en ningún momento consideramos solicitar la detención de ninguno de los imputados», explicaron.
«El éxito de la investigación tiene que ver con la incautación de bienes, la localización de evidencia. Estamos en condiciones de continuar el proceso en estas circunstancias», continuó informando la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio. Además, declaró que la investigación se había iniciado los primeros días del mes de septiembre, a causa de una denuncia que había en el Ministerio Público.
El jueves Méndez había sido imputado como cabeza de una asociación ilícita, a la que le sumaron los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por tres hechos en calidad de autor, peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor y diversas negociaciones para nada transparentes con la organización pública. Si bien, no se procedió a su detención, si se le impuso fuerte medidas restrictivas y no puede retirarse del país y se les inmovilizaron los bienes.
Por último, finalizando con esta etapa de la investigación, se requirió que se pueda lograr una condena, una inhabilitación y que en caso de corresponder que todos los bienes secuestrados vuelvan a la comunidad de Salvador Mazza. «No tenemos ninguna sospecha de que él pueda fugarse, porque todos sabemos que ejerce una función pública y eso nos permite inferir que tiene un compromiso político y pensar que no existiría este peligro de fuga», concluyó la fiscal.