SALTA (Redacción) – Continúa el juicio por el robo de caños del Gasoducto NEA y en la última audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, el titular de la Unidad Fiscal Federal Salta, Eduardo Villalba, ratificó la acusación contra el ex intendente de Aguaray, Jorge Prado. También señaló a otros nueve imputados y solicitó que a todos se los declarase culpable por el robo millonario que perjudicó al Estado y a miles de personas.
En este marco, el fiscal Villalba remarcó que los acusados “se robaron los caños” y que todo pudo ser develado gracias a la investigación de las Fiscalías de Tartagal y de Orán. De esta manera, el funcionario pidió que se declaren responsables por los hechos a Jorge Prado y al titular de la empresa OSYP SA, Diego Alos. Ambos son acusados de ser autores de: «Los delitos de defraudación a la Administración Pública y robo agravado, por ser cometido en despoblado y en banda, de 228 caños, que se encontraban en los parejes ‘Tonono’ y ‘El Desemboque'».
Los detalles del robo millonario en Aguaray
De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal Nacional señaló que «el saqueo de los caños fue pergeñado mucho antes de que el ex intendente Prado impulsara la resolución municipal N°1215». Allí mencionó que este documento se utilizó como: «Ropaje legal para la sustracción de 67 caños de la red del Gasoducto GNEA, ubicada en el paraje Tonono, a pocos kilómetros de la localidad de Aguaray«.
«Entre las pruebas y testimoniales brindadas en el juicio, el fiscal destacó la de un empleado del municipio, quien se refirió a un mensaje enviado por Prado para que trabaje en la mentada resolución, la que necesitaba para que sea llevada ‘en el camión’. Ello evidenció el apuro que había por parte de Prado y Alos de contar con tal instrumento, utilizado casualmente para desafectar los bienes que ni siquiera pertenecían al municipio, pues estaban fuera de su alcance, ya que eran propiedad del Estado Nacional», detalló la Fiscalía Federal.
En este sentido, el fiscal Villalba también sostuvo que la resolución, a la que calificó de “insólita”, la firmó Prado y Céspedes el 23 de diciembre de 2019. Y señaló que estaba dirigida a «desmantelar una planta ubicada en la finca Ñacatimbay, lo que se frustró debido a la resistencia del administrador de dicha propiedad». Ante esta situación, explicó que «cambiaron la resolución y dirigieron sus efectos hacia la red del Gasoducto GNEA».
«‘De las pruebas expuestas, surge que el mismo Alos le avisó de esto a Rossi’, con lo cual está clara la participación de ambos en los hechos que despojaron a los vecinos de Aguaray de una ansiada ilusión: el servicio de gas natural», detalló el comunicado sobre la audiencia judicial. Además, el fiscal recordó que la obra estaba dirigida a beneficiar a cinco provincias con gas procedente de Bolivia. Y mencionó que el tramo de Salta es el único que no pudo ser cumplido en tiempo y forma, a lo cual se sumó un saqueo desmedido de los caños.
