SALTA (Redacción) – En septiembre del año pasado Tartagal fue noticia nacional. Es que una médica del Hospital Juan Domingo Perón fue detenida por las autoridades luego de que una mujer la denuncie por hacerle un aborto contra su voluntad y con un embarazo de 22 semanas, seis semanas más de lo que establece el procedimiento la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La médica Miranda Ruiz quedó imputada en medio de las acusaciones de sectores conservadores pero también de la propia mujer a la que le realizó el aborto. Es que la joven que tenía 21 años al momento del aborto aseguró que una vez que ingresó al nosocomio se arrepintió y pidió irse pero esto le fue negado por la especialista y la psicóloga del nosocomio.
En este contexto, manifestantes de distintas organizaciones sociales y de la izquierda se reunieron frente de la Legislatura Provincial. Desde allí pidieron el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz quien continúa imputada por provocar la interrupción del embarazo que transitaba la semana 22 al momento de realizado.
Gabriela Cerrano, dirigente del Partido Obrero, cuestionó a la Justicia de Salta por el accionar contra Miranda Ruiz. «Es un escándalo que la justicia salteña insista en la persecución judicial a la Dra Miranda Ruiz, cuando está absolutamente claro que cumplió con todo el protocolo de ILE”, aseguró.
“La finalidad de todo esto es golpear la ley de aborto legal. Buscan privarnos a las mujeres de poder acceder a nuestros derechos de salud», sentenció Gabriela Cerrano que fue parte del nutrido grupo de personas que se manifestó en las puertas de la Legislatura Provincial y que solicitaron el sobreseimiento de la doctora que realizó ese aborto en Tartagal.
