SALTA (Redacción) – A mediados del último mes de diciembre se informaba a la población de una mujer atrincherada en la Cámara de Diputados porque habían intentado desalojarla con el uso de la fuerza de su lugar de trabajo. Se trata de Liliana Hermosilla y ocupaba el lugar de jefa de Asesoría Jurídica, era además una funcionaria de planta permanente que había denunciado irregularidades en la designación de nuevos cargos.
Los funcionarios a los que había denunciado la abogada eran Gastón Galíndez, secretario jurídico de la Cámara, y al secretario legislativo, Raúl Romeo Medina. Después de que la mujer atrincherada fuera sobreseída presentó dos denuncias penales. Una era por violencia de género en contra de Medina, Miguel Patricio Mena, Dardo Nahuel Gutiérrez, Maximiliano Videla Montero y José Rizzo; quienes habían notificado a Hermosilla que había sido desplazada de su cargo y que debía entregar la oficina.
Después de esta denuncia por parte de la mujer atrincherada, la jueza Noemí Valdez definió a través de una medida cautelar que los funcionarios previamente nombrados tienen prohibido ejecutar cualquier tipo de acción o actos de violencia de género que pueda afectar a la integridad psicofísica de la abogada Hermosilla en el espacio laboral, bajo el apercibimiento de desobediencia judicial. Asimismo, Esteban Amat, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, tendrá que garantizar que donde la mujer haga tareas, no sufra ningún tipo de violencia.
Por otro lado, Hermosilla contó a un medio local que había denunciado penalmente las irregularidades en las designaciones administrativas y que la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 2, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio. La abogada asegura que la causa está «congelada» y que «no se avanzó en la investigación», denunció. «Son tan miserables y ruines que quieren ser planta permanente y asegurarse su futuro, tuve que hacer la denuncia penal, son delitos gravísimos», expresó.
Quiere que la restituyan en su cargo
Aparte de la denuncia de género, Hermosilla realizó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para que la restituyan en su cargo de jefa de Asesoría Jurídica. «Nos barrieron a todas las de mi oficina y designaron a alguien que era temporario y lo llevaron a ocupar el cargo más alto de la Cámara de Diputados», criticó y apuntó contra Videla Montero porque no tiene matricula habilitante. «Él es hijo de la tesorera y ya presente el certificado del Colegio de Abogados que dice que no tiene matricula. En el caso de Dardo no llega a tener un año de antigüedad con la matricula», concluyó la abogada que se había atrincherado defendiendo su lugar de trabajo.
