SALTA (Redacción) – El delito de abuso sexual es un hecho ultrajante y que genera daños emocionales para siempre o por muchísimo tiempo en las victimas. Que esto ocurra en una institución de gran importancia y de alcance a nivel mundial como es la Iglesia Católica no es extraño ya que los casos de delitos y abusos cada vez salen a la luz más rápido. El caso de Gustavo Zanchetta volvió a destapar este duro flagelo y se convirtió en el tercer sacerdote en ser juzgado en Salta.
En menos de un año, dos sacerdotes que han formado parte de la Iglesia salteña han recibido condenadas por el delito de abuso sexual en Salta. El primero en recibir una sentencia firme fue Agustín Rosa Torino, en septiembre del 2020 y el otro fue el caso de Renzo Ferraro, también procedente de Orán. Después de tantos años, este delito cometido por los miembros de la Iglesia empiezan a recibir castigos ejemplares.
Gustavo Zanchetta
Este viernes 4 de marzo desde el Ministerio Público Fiscal se conoció la sentencia definitiva de Gustavo Zanchetta por el delito de abuso sexual. Cuatro años y medio de prisión, se determinó el traslado inminente al penal. El obispo había buscado refugio en el Vaticano pero con el avance de la causa tuvo que volver al país y ayer se dictó la resolución final de su caso. Se esperaba que fuera mayor la condena y por eso las victimas y sus familiares manifestaron su repudio.
Caso Renzo Ferraro
El primer sacerdote en recibir una condena por el delito de abuso sexual en la provincia fue Renzo Ferraro. La pena se le dictó el 25 de septiembre del 2020 con una sentencia firme por la Cámara del Crimen de Orán. La resolución se dictó después de 8 jornadas extensas de juicio hasta que se conoció la sentencia. Recibió la pena de 9 años y al abuso sexual se agregó el delito de promoción de corrupción de menores de 12 a 18 años.
El caso Rosa Torino
El otro fue el caso de Agustín Rosa Torino quien fue condenado el año pasado y recibió una pena de 12 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el hecho de ser ministro de culto y las victimas fueron dos personas. De este caso se hizo cargo la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien había pedido una pena de 22 años pero la defensa del sacerdote logró reducirla.
