SALTA (Redacción) – Una de las medidas presupuestarias sobre la cual Sergio Massa arremetió al llegar al Ministerio de Economía fue sobre los fondos destinados para las personas con discapacidad. Esto produjo movilizaciones, recriminaciones, enojos y muchas críticas al Gobierno. Desde el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados lanzaron un comunicado rechazando esta medida.
Los legisladores nacionales por Salta, Carlos Zapata y Virginia Cornejo, vienen reclamando que el Gobierno se retrotraiga en esta situación. «Odio es, que los niños con discapacidad sufran», publicó la diputada días atrás. Por su parte, el parlamentario compartió por sus redes el comunicado oficial de Juntos por el Cambio donde reclamando por mayor financiamiento para esta población.
¿Qué dice el documento publicado desde Juntos por el Cambio?
De esta manera y en un nuevo capítulo de lo que es la pelea entre amarillos y azules, ahora son los discapacitados a quienes suben al ring de batalla. «Las personas con discapacidad deben ser prioritarias para el Gobierno Nacional», titulan los diputados de Juntos. En el documento expresan su «más profunda preocupación por el desfinanciamiento realizado sobre las prestaciones» destinadas a esta población.
«La última semana ha sido por demás angustiante para las personas con discapacidad y sus familias. La incertidumbre generada, además de la angustia social manifestada en las movilizaciones que hemos observado, representa una irresponsabilidad política carente de sensibilidad», reflexionaron desde Juntos por el Cambio. De esta manera, los presidentes del bloque y demás miembros de la oposición reprocharon esta medida del Gobierno.
Al mismo tiempo, se criticó la demora en el pago de las prestaciones y lo plantean como injustificable. «En el contexto de inflación imperante, perjudica no sólo patrimonialmente a los prestadores sino que pone en peligro la calidad de los servicios otorgados», advirtieron los diputados. Juntos por el Cambio se puso el sombrero y le recordó al Gobierno que esto afecta a los más vulnerables.
Por último, argumentan que esta decisión es errónea y violatorio de unos los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto lo plantean en referencia a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y que, por el contrario, debería ser prioritario en la planificación de políticas públicas. Finalmente, piden al Gobierno que regularicen la situación de este sector de la población.
