SALTA (Redacción) – ¿Cómo es la famosa frase que repite constantemente el presidente para justificar el feroz ajuste contra el pueblo? «No hay plata», bueno, sí. En realidad si hay, se la están quedando los grandes jugadores de la timba financiera y amigos de Luis Caputo pero también la casta política que sigue gozando de privilegios ocupando bancas en Diputados y en el Senado.
Por eso no es casualidad que Victoria Villarruel, vicepresidenta y también presidenta de la Cámara Alta, y Martín Menem titular de Diputados hayan acordado una suba del 30% para los ingresos de los legisladores nacionales. De tal manera, los integrantes del Congreso de la Nación mejorarán abruptamente sus ingresos. Para el primer bimestre del año el aumento fue de 16% desde el 1 de enero y del 12% desde febrero.
Con este ajuste en los ingresos de diputados y senadores, las respectivas dietas suben a 1.567.000 pesos en enero y a 1.984.000 pesos en febrero a quienes están en la Cámara Baja. De esta manera, se reafirma que el ajuste económico no lo paga la política sino la casta ciudadana que lucha para llegar a fin de mes con un poco de plata en mano o que busca preservar su trabajo.
A su vez, la resolución firmada por las autoridades de ambas cámaras remarca que » en virtud de la responsabilidad política, los firmantes del acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo según la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras».
El plus por desarraigo
Si bien es cierto que la responsabilidad que tienen los legisladores nacionales es realmente alta y requiere de un gran compromiso. Por lo tanto, tienen el deber de cobrar una dieta que les permita vivir exclusivamente de la política para evitar recibir sobornos, extorsiones o influencias externas. Lo que resulta paradójico es el doble discurso del oficialismo bajo el slogan «no hay plata».
A los casi dos millones que cobrarán los diputados y senadores nacionales se suma el plus por desarraigo. Se trata de un extra que cobran todos aquellos legisladores que no son de Buenos Aires y deben radicarse en la Capital en los períodos de sesión. Entre ello se debe sumar los pasajes de ómnibus de larga distancia o de aviones para trasladarse de su localidad hasta el Congreso.