SALTA (Redacción) – Cuando triunfó Javier Milei probablemente casi nadie esperaba que contará con tanto respaldo en el Congreso para aprobar los diferentes proyectos que presentó. Para seguir con este viento de cola la nueva iniciativa que buscarán impulsar es una reforma electoral para cambiar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO.
La información fue difundida ayer por Manuel Adorni quien comunicó que el Gobierno enviará al proyecto para el Fortalecimiento Electoral. Entre ellas se incluye la eliminación de las PASO porque «han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos».
De este modo, detalló que «solo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces«, cuestionó. También Adorni señaló que fue menos utilizado que lo previsto por lo cual es razón válida para su eliminación.
Se debe tener en cuenta que desde el 2011, año de su implementación; «hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales».
Mejorar la representatividad
Otro aspecto clave es que se buscará modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El fundamento por parte del Gobierno es para «mejorar la representatividad» electoral. También se pretende evitar que sigan apareciendo sellos de goma cuya única finalidad es la de recaudar. Deberán contar con «0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas».
Por otro lado, los partidos nacionales se verán obligados a estar registrados y tener presencia al menos en diez provincias. Con la ley vigente solo se pide presencia en cinco. Se presentará «una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones. Las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa».
Tal vez el punto más polémico sea el referido a la cuestión del financiamiento partidario. Es que se busca suprimir el pago por parte del Estado para «reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos». Esto derivará en «el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas», por lo que «quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales».
