En medio de un contexto inflacionario persistente y con una fuerte reducción de los subsidios nacionales al transporte, la empresa SAETA propuso un nuevo incremento en el valor del boleto en Salta, que pasaría de $890 a más de $1.200. Aunque el anuncio no sorprendió, el impacto que podría generar en el presupuesto de miles de familias ha reactivado el debate sobre la sustentabilidad del sistema y la equidad del esquema tarifario.
El ajuste fue presentado en una audiencia pública en Chicoana, donde el presidente de la compañía, Claudio Mohr, argumentó que el valor actual del pasaje está “muy por debajo del costo real”. Según la empresa, el 70?% de sus costos operativos—principalmente salarios y combustibles—se han disparado, lo que obliga a trasladar la diferencia a los usuarios. La suba proyectada elevaría la tarifa a un rango entre $1.183 y $1.213, representando un incremento superior al 30?%.
La propuesta fue formalmente elevada a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que ahora tiene entre 45 y 60 días para completar el análisis técnico correspondiente. En función de ese proceso, se estima que el nuevo precio se aplicará entre junio y julio, aunque el calendario podría extenderse dependiendo de la evaluación final. La provincia, en tanto, ha respaldado el pedido al considerar que el cuadro tarifario actual no refleja el contexto económico actual.
Este nuevo aumento de la empresa SAETA se suma a una escalada tarifaria que, en apenas cinco años, multiplicó el valor del pasaje por más de treinta veces: en 2019, el boleto costaba $25. La evolución, que acumula un alza del 3.460%, plantea interrogantes sobre el alcance real del beneficio del pase libre estudiantil frente al deterioro de las finanzas del sistema.
Desde SAETA aseguraron que los pases gratuitos para estudiantes y jubilados se mantendrán vigentes, lo cual excluiría a esos grupos del impacto directo del nuevo cuadro tarifario. Sin embargo, los usuarios que deben pagar el boleto común, incluyendo padres que acompañan a menores o estudiantes terciarios sin subsidio, deberán absorber el nuevo costo.
La discusión sobre la tarifa no es ajena al mapa nacional: Salta se encuentra entre las capitales con tarifas más bajas, aunque con este aumento se acercaría al promedio de ciudades como San Miguel de Tucumán o Resistencia. Para algunos sectores, esto implica una corrección necesaria; para otros, una carga más en una economía ya tensionada.
La noticia coincide con la creciente preocupación por el rol de los subsidios nacionales, que han disminuido drásticamente en los últimos meses. Según informes oficiales, la provincia debió asumir con recursos propios buena parte de lo que antes financiaba la Nación, generando tensiones presupuestarias que se reflejan en medidas como esta.
Más allá de los tecnicismos, lo cierto es que la posibilidad de pagar más de $1.200 por un boleto reaviva una discusión profunda sobre el modelo de financiamiento del transporte público y la responsabilidad de los distintos niveles del Estado. Por ahora, las familias salteñas solo pueden esperar la resolución de AMT y prepararse para un nuevo ajuste que golpeará, nuevamente, el bolsillo.
