SALTA (Redacción) – El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió este fin de semana a la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala quien cumplió cuatro en prisión. El mandatario aseguró este que la Justicia de su Provincia “funciona y es independiente”. Además, señaló que en la causa “Pibes Villeros intervinieron trece jueces, así que hay garantía de derechos”.
Tras la condena a Sala: «Hay garantía de derechos en la Provincia”
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó el último viernes la condena a 13 años de prisión a la dirigente de la Tupac Amaru en la causa denominada “Pibes Villeros”. En tanto, Morales reiteró en diálogo con la prensa que: “Está funcionando el Poder Judicial y hay una Justicia independiente en Jujuy”. Sobre esto argumentó que “intervinieron trece jueces, así que hay garantía de derechos”.
Luego, el Gobernador radical explicó: “Esta ratificación por parte de la Corte jujeña da cuenta de que todos vimos lo que pasó aquí y las situaciones que ocurrieron, no sólo con la corrupción y con robarse la plata del pueblo que tenía que ver con familias que tenían que tener su vivienda; aquí hay más de 2.000 viviendas que estuvieron paradas y que no se construyeron”.
Cuatro años de prisión y recurso ante la Corte Suprema
En este sentido, el mandatario integrante de Juntos por el Cambio brindó sus apreciaciones a poco de cumplirse 4 años de la detención de Milagro Sala. Cuando fue consultado por el caso apuntó: “Más allá de voces y opiniones, está actuando la Justicia”. «La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya revisó y ratificó la prisión preventiva para los distintos responsables”, recordó.
De igual manera, la defensa de la dirigente, encabezada por Luis Paz, adelantó que volverá a presentar un recurso extraordinario ante Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por que el STJ, ratificó el viernes último el fallo de la Cámara de Casación Penal y la condena a 13 años de prisión para Sala. Se la acusa de ser responsable del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.
