SALTA (Ernesto Bisceglia) – La violencia social es el signo de esta época. Pero no es sólo el hecho fáctico y público que provoca el daño físico o la muerte; la violencia late en lo doméstico, en el trato al medio ambiente hasta alcanzar el contexto internacional donde suenan tambores de guerra. Se ha convertido en una realidad cotidiana convivir con la violencia y la maldad.
De pronto, un suceso violento asume la forma de noticia y la sociedad toma conciencia pública del estado en que vive para luego adormecerse nuevamente mientras el estado de subversión continúa su implacable marcha devorando a las familias, la escuela, las instituciones y hasta la política. Porque las decisiones de los gobernantes no atienden a la paz social sino que generan la violencia de la marginación, la violencia económica que destroza los presupuestos y violenta la esperanza de los ciudadanos. Y un individuo sin esperanza, es capaz de todo.
Es el resultado de una sociedad que vive en la paradoja del avance tecnológico extremo y a la vez la consolidación de inequidades abismales que provocan una violencia diaria y que de tanto ser así, por su habitualidad, se convierte en algo “natural” y hasta connatural a los ciudadanos, tanto que se llega a convivir con el maltrato en un acto de “deshumanización masiva”.
Los gobiernos tienen una cuota alta de responsabilidad en la espiral de violencia desde que abandonaron el concepto de Estado del Bienestar que implica generar condiciones de desarrollo, para aplicar recetas recesivas que empobrecen, deteriorando intencionalmente a la educación pública y en la mezquindad de ajustar presupuestos abandonando a la salud pública.
Pero una cuota importante de esta responsabilidad lo aporta la ausencia de justicia porque se han perdido los tres principios clásicos que sustentan al Derecho: “Vivir honestamente; No dañar a otro y Dar a cada uno lo suyo”. Los magistrados son los primeros que abandonaron la honestidad de procedimientos negociando sus cargos y sus decisiones con el poder de turno. Dañando a la comunidad con silencios en causas emblemáticas o fallos injustos, por fin, no ejerciendo una verdadera justicia distributiva sino separando una justicia de poderosos de otra para el común.
La falta de justicia en el Estado –por algo los griegos tenían a “Diké” como algo superior- propende a que el ciudadano comience a pensar en administrar su propia justicia: esto es el grado más peligroso de violencia social.
Sólo una profunda reforma educativa que buscara diseñar ciudadanos adaptados a un mundo dinámico, con una impronta ecológica y ambiental, pero sobre todo con una pedagogía cívica que integre al educando como un individuo solidario, tanto con sus semejantes como con su medio social, podría sembrar esperanzas de una sociedad mejor.
Pero como señalan los pedagogos, sería necesario tomar esa decisión política hoy, para que dentro de veinte años se logre una primera generación de ciudadanos con convicciones sociales, y que luego éstos educasen a los próximos según este modelo. Se trata de invertir para medio siglo hacia adelante, una utopía en las actuales circunstancias en que los gobernantes carecen de patriotismo, de espiritualidad, de humanidad y sólo tienen una visión a corto plazo según sus intereses.
Razón tenía Salomón cuando en el Libro de los Proverbios (29: 16-18), decía: “A muchos malvados, muchos delitos (…). Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y te colmará de satisfacciones. Cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda; dichoso el que cumple la ley.”
En la violación al espíritu de este párrafo está el origen del mal que azota a la sociedad. Y en su aplicación también la solución.
Ernesto Bisceglia
