SALTA (Redacción) – Jorge Enrique Prado asumió el 10 de diciembre como intendente de Aguaray. Tan solo 13 días después firmó una polémica resolución para que la empresa mendocina OSYP S.A. remueva, retire y se apodere -gratuitamente- de varias docenas de caños valuados en cifras millonarias.
Los materiales removidos no pertenecen ni siquiera al municipio, sino a la obra del inconcluso Gasoducto NEA. Fue justamente desde la empresa que estuvo al frente de esos trabajos, Vertua S.A., que se denunció lo que puede llegar a ser una estafa de varios millones de dólares contra el Estado Nacional. Lo que destacan es que las pérdidas no son en contra de una empresa, si no más bien del estado argentino.
Según la resolución, el intendente Prado aprobó la sesión de los caños a la empresa mendocina con el objetivo de producir un “saneamiento ambiental” en Aguaray.
El desentierro de los caños (gásiferos/petrolíferos) había sido informado por algunos operarios de la empresa Vertúa, en la zona de Tonono, quienes dieron rápido aviso a la gerencia y así se logró realizar una denuncia que terminó con la intervención de la Justicia y el posterior secuestro del material.
Gracias a una rápida intervención, Gendarmería se logró interceptar a dos de los camiones que se llevaban las costosas formaciones de caños hacia la provincia de Mendoza, de donde es originaria la empresa OSYP S.A. Tras la intervención de la Justicia, los choferes fueron liberados, pero la carga aún permanece retenida.
Según consta en el expediente al que tuvo acceso SALTA4400, el apoderado de la constructura Vertúa SA, Andrés Matías Schteinbarg, radicó la denuncia en el fuero federal penal de la capital salteña el pasado 7 de febrero. En la misma, dio cuenta de los movimientos realizados de excavación, extracción y transporte de los caños por parte de una empresa mendocina con la supuesta anuencia del intendente de Aguaray.
En esa línea, Schteinbarg pidió que se investigue la posible comisión de un delito “a fin de salvaguardar el patrimonio del Estado Nacional”. Según los valores de mercado, desde Vertúan sugieren que los caños cedidos por el intendente Prado a la empresa representan un costo de aproximadamente 3 millones de dólares.
Mientras la mayoría de los hogares de Chaco, Formosa y Corrientes aún no cuentan con gas residencial, el gasoducto que iba a solucionar el problema está paralizado.
La versión oficial
Tras conocerce el escándalo, SALTA4400 se comunicó de forma exclusiva con el intendente de Aguaray, Jorge Prado. Según explicó el jefe comunal, antes de asumir ya había conversado con representantes de la empresa mendocina, quienes le habían solicitado autorización para remover el material por tratarse de “un pasivo ambiental”.
“La resolución dice extracción de caños en desuso, lo que estaban sacando eran caños de 24 pulgadas”, explicó Prado, y argumentó: “Yo soy ingeniero ambiental… cuando existe una obra que no se termina, cuando no hay una finalización de proyecto, pasados dos años que la obra no se termina, inmediatamente pasa todo eso a apropiar el Estado”.
Aunque dijo desconocer las razones del escándalo, sugirió que las acusaciones “tienen motivaciones políticas”. En cuanto al material en cuestión, aseguró que “son caños en desuso”, pero admitió que están dentro a los planos de la empresa pública ENARSA (Energía Argentina), ahora denominada Integración Energética Argentina.
Por último, el intendente informó que ya se puso a disposición de la Justicia, negó cualquier tipo de maniobra fraudulenta y adelantó que accionará legalmente por daños y perjuicios a quienes lo acusaron.
