SALTA (Redacción) – El Gobierno Nacional informó hoy que enviará un proyecto que consiste en una ley de alquileres en busca de establecer pautas en materia económica. En este sentido, apuntaría a un tema sensible para uno de los sectores más golpeados por la crisis. Es por ello que desde el oficialismo procederán a enviar al Congreso de la Nación esta propuesta. La misma formaba parte del paquete de anuncios post PASO para intentar atenuar los efectos de la devaluación y posterior inflación. Sin embargo, encontró fuertes resistencias en el mercado inmobiliario y de las organizaciones de inquilinos.
Precios regulador por inflación y salario
De la elaboración del proyecto participaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda, Iván Kerr; junto con algunos diputados nacionales entre quienes se encuentra Daniel Lipovetzky. Precisamente, este último será quien se encargue de impulsarlo en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja. Uno de los ejes más importantes de la iniciativa pasa por el hecho de que los honorarios inmobiliarios no queden a cargo del inquilino cuando se trate de propiedades que estén destinadas para exclusivo uso habitacional.
Además, según el proyecto se eliminaría la prohibición de indexar contratos para alquileres que se ubiquen por encima de los $26.676. Respecto a los alquileres que estén valuados por debajo de ese precio, se establecería que se tendrán que aplicar índices de actualización oficiales. Éste será fijado a partir de tener en cuenta las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). Desde los inquilinos organizados reclaman que esto podrían incrementar los precios.
La polémica sobre el contrato
Por otra parte, el borrador también indica que el conocido como depósito de garantía que habitualmente se le cobra al inquilino «no podrá ser mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler». Finalmente, se resolvió también el polémico punto acerca de la duración de los contratos. El Gobierno resolvió que en el proyecto permanezca la vigencia de dos años. Sin embargo, lo que se modificaría pasa por la posibilidad de una extensión automática de un año más. Esto se daría siempre y cuando lleguen a un acuerdo las dos partes interesadas, es decir, tanto el inquilino como el propietario.
«La actual regulación expulsa al más vulnerable»
Por otra parte, el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, habló con el programa radial ‘Cada Mañana’ y brindó detalles sobre este nuevo proyecto de ley, que tiene como objetivo modificar las regulaciones en los alquileres. «Es un proyecto que venimos trabajando hace bastante. Estamos muy acostumbrados en Argentina que la política de vivienda es ser propietario, pero hay una realidad que en el mundo hoy existe que gran parte de la población alquila», analizó el funcionario. En este sentido, advirtió que, en varios países vecinos las modificaciones ya están vigentes y priorizan una política habitacional.
«La actual regulación donde el Estado se entromete en los contratos de alquiler y fija pautas de orden público, termina expulsando al más vulnerable que no puede cumplir con las condiciones que fija el mercado y termina alquilando en muchos casos en asentamientos muy precarios por no contar con garantías y demás cuestiones», detalló el secretario de Vivienda respecto a la necesidad de modificaciones. De acuerdo con su postura, este nuevo proyecto protege a las dos partes, tanto a propietarios, como a los inquilinos.
«El gran miedo de los propietarios y con razón es que el inquilino no pague y tenga que ir a un juicio de cinco años a la justicia. Nosotros queremos darle un trámite expeditivo, el trámite de desalojo. Incorporamos al proyecto de ley régimen de garantías», remarcó Kerr. » Lo que hace la ley es lo siguiente, hoy se mantiene la prohibición de indexar de la vieja ley de convertibilidad. Con este proyecto de ley, lo que estamos haciendo es liberar la prohibición de indexar para los contratos de alquiler, que las partes puedan prever lo que en los hechos sucede todos los días con cláusulas que no son legales”, explicó el funcionario.