SALTA (Redacción) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le propinó en la tarde de ayer un duro revés al Gobierno Nacional del presidente Mauricio Macri. Ya que mediante un fallo unánime, el máximo tribunal decidió agilizar el trámite judicial relacionado con la conocida como causa del Correo Argentino. Además de esto, los magistrados cuestionaron a la Cámara en lo Comercial por haber aceptado en su momento un recurso extraordinario de parte de la Procuración Nacional del Tesoro, es decir, el propio Gobierno.
Continuar con el trámite del concurso con una mayor celeridad
En este sentido, la razón esgrimida en aquella oportunidad por la Cámara fue que, bajo un supuesto de gravedad institucional, era necesario que este tema llegara hasta la CSJN y fuera tratado oportunamente. Todo ello mientras que el pedido en sí consistía en la solicitud de mayor tiempo para resolver si aceptaba una propuesta presentada por el grupo Socma con el fin de cerrar el concurso. Este caso que volvió a cobrar fuerza con las medidas de la Justicia, trata sobre el concurso preventivo abierto entre la empresa y el Estado por el pago de una deuda millonaria que se remonta al año 2001.
Cabe recordar que esta empresa le pertenece a la familia Macri y hace más de 30 meses que el Estado no resuelve este entuerto y, por lo tanto, debe una respuesta. En ese contexto, la Corte Suprema declaró que fue mal concedido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional. La resolución del máximo tribunal lleva las rúbricas de la totalidad de sus cinco integrantes. Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Por lo tanto, dispuso la devolución de la causa para que pueda continuar con el trámite del concurso con una mayor celeridad que la demostrada hasta la fecha.
Un acuerdo abusivo
Este caso tuvo su inicio en el año 2001, cuando la Justicia comercial comenzó a llevar adelante un expediente por el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino. Este trámite esta hoy bajo la tutela de la jueza en lo comercial Marta Cirulli, que además cuenta con el impulso de la fiscal Gabriela Boquín, e interviene finalmente la Sala B Cámara Nacional en lo Comercial. Es precisamente en este expediente en el cual Boquín impugnó un arreglo que había convenido la compañía con el Estado por considerarlo una quita de deuda. La fiscal determinó que se trataba de un acuerdo que resultaba abusivo para el Estado, lo que terminó derivando en una denuncia penal.
Cabe recordar que el origen de este caso fue en el año 2001, cuando el Correo Argentino dejó de pagarle al Estado nacional el canon correspondiente. Luego en 2003 esa deuda fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Por el monto adeudado se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos. En ese marco judicial, el Gobierno y la empresa de la familia presidencial llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago no se realizó por resultar «abusivo» y representar una condonación de deuda.
Funcionarios indagados
Como bien mencionamos, el fiscal federal Ariel Lijo solicitó un informe técnico contable a principios de este mes para determinar si el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado fue finalmente «abusivo», es decir, si representó un perjuicio para las arcas nacionales. Lo que surja del análisis será la clave para definir la suerte de la causa penal. En el marco de la causa del correo fueron indagados el ministro Oscar Aguad, otro funcionario y dos abogados. Cabe remarcar que la empresa continúa desarrollándose, en medio del proceso electoral que lleva adelante el actual presidente de la República, Mauricio Macri. Actualmente es controlada por Sideco Americana S.A., que a su vez es controlada por Socma Americana.
Precisamente, cabe recordar también que la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunció en febrero de 2017 que el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado era «abusivo». Boquin en su dictamen acusó que lo acordado entre la empresa y el Gobierno «equivale a un perdón de la deuda». Por lo tanto, para la fiscal, el acuerdo «implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional». Según la fiscal, el pacto representó una quita del 98% para la firma de la familia presidencial, porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba los 4.227 millones de pesos.
En el pasado mes de agosto, la Cámara Comercial, que encabezaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, avaló que se continúe con la investigación por parte de Lijo. Los camaristas le encomendaron al magistrado esclarecer con precisión cuál fue el perjuicio para el Estado y a cuánto ascendió el monto de la quita de la deuda que se estaba negociando. Por esta causa, que comenzó en 2016, se encuentran imputados el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher.
