SALTA (Redacción) – Nuevo revés para el Gobierno nacional, la justicia rechazó el pedido realizado por el Poder Ejecutivo que planteaba se aclaren porque la Corte de Justicia decidió que el Impuesto a la Ganancia y el IVA no afecten los fondos de coparticipación de las provincias. Según el máximo tribunal el gobierno no argumentó cuáles son las complejidades técnicas y las supuestas dificultades alegadas en la presentación.
Vale recordar que decreto 567/19 firmado por el Presidente Mauricio Macri establecía la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y el decreto 561/19 dispuso una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios. En este punto 15 provincias de opusieron a la disposición y esgrimieron ante la el Tribunal que dichas acciones económicas afectarían sus recurso.
Hace dos semanas la Corte Suprema falló a favor de las provincias ordenó restituir los fondos a las provincias, las cuales sostuvieron que los decretos era anticonstitucionales. Días posteriores los ministros de Hacienda y Producción, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Dante Sica, hicieron una presentación oficial ante el máximo Tribunal declarando la necesidad de aclaratoria del fallo, y afirmaron que el Estado nacional no tenía las «herramientas mínimas» para ejecutar la sentencia.
Desde el Estado nacional se pidió a la Corte la necesidad de una audiencia con las provincias para conciliar posiciones en cuanto a los decretos dispuestos por el Presidente. Ante este pedido el máximo tribunal reafirmó su falló y puntualizó que Poder Ejecutivo le correspondía cuantificar los costos de las reducciones impositivas que dispuso a través de los decretos.
Por su parte la Corte Suprema indicó que el presente fallo no impide que el gobierno nacional abra la mesa de diálogo con los mandatarios provinciales, para resolver esta problemática. Y recordaron que, como se afirma en la propia presentación del Estado Nacional, es el Presidente, como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto por el Tribunal.
