SALTA (Redacción) – La solicitud de la Cámara Alta se contextualiza en la reunión que mantuvieron senadores provinciales con EDESA y el Ente Regulador de Servicios Públicos. En esta oportunidad se aseguró que las principales problemáticas están vinculadas a las altas tarifas, el pedido de subsidios y las personas que se «engancha» al servicio de luz y agua.
El Oficial Ejecutivo en Jefe de EDESA, Julio Usandivaras, manifestó que la empresa tuvo perdidas significativas en los primeros cuatros meses del año, esto implica un 4% menos de la demanda registrada en 2018. Ante esta situación la empresa presenta problemas financieros, ya que no se logra llegar a los objetivos de recaudación previsto, y a su vez impide inversiones necesarias para la mejora del servicio.
En relación al tema Usandivaras indicó que este panorama se evidencia en las cantidad de adherencia al subsidio social, o las personas que deciden obtener el servicio de forma ilegal. En referencia al tema puntualizó «El 86% de los usuarios eran subsidiados, mientras que en 2019 sólo el 46% accedió a la tarifa social.
Tanto legisladores como autoridades de EDESA y ENRESP, coincidieron en que la crisis económica generó altos porcentajes de inflación provocando la suba en los costos. Desde ambos organismos remarcaron que el precio de abastecimiento subió un 2400 veces más entre 2015 y 2019. En esta línea los ejecutivos expusieron que existe una pérdida técnica habitual del 9%.
En lo que va del año las pérdidas llegaron a los 13.6%, lo que representa un 4.6% más que hace dos años. Según empresarios estos números se no se atribuyen únicamente a pérdidas técnicas, sino que también se deben tener en cuenta las personas «engachadas» al sistemas. Por su parte el senador provincial, Pablo González por Orán, comentó que el municipio recibe 50 pedidos por días de subsidios.
González advirtió que ante la crisis del país muchas familias ni llegan a cubrir los gastos para vivir, teniendo en cuenta que el proceso de inflación afecta sobre todo al sectores más necesitados. Por su parte el senador por Metán, Roberto Gramaglia, sostuvo que la situación en su departamento es similar ya que muchas familias recurren a acciones ilegales para contar con los servicios básicos para subsistir.
En la reunión el titular del ENRESP, Jorge Figueroa Garzón, preciso que desde los organismos se destinan 10 millones para ayudar a quienes no pueden completar el pago de las tarifas. En este contexto algunos senadores solicitaron que la aprobación del proyecto de declaración de emergencia energética.
