SALTA – El Gobierno de Mauricio Macri recibió ayer un pedido de explicaciones por parte de las Naciones Unidas por presuntas violaciones a la independencia judicial. Esta solicitud llegó después de una presentación de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS). Le dieron un plazo de 60 días al Ejecutivo para responder las acusaciones
Un sistema judicial a la carta
En consecuencia, el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, le impuso el plazo mencionado al Gobierno para argumentar sobre las denuncias por arbitrariedades, manipulación y ataques a jueces. Por otra parte, Emanuel Desojo, referente de AJUS, comentó que en septiembre de 2018 se presentó el caso en la Relatoría.
En tanto, en junio de este año, la institución argentina se reunión en Lima con García-Sayán para darle mayor precisiones sobre el plan de Cambiemos para «establecer un sistema judicial a la carta». Así lo reveló en una entrevista para Página 12 . Según la agrupación, el objetivo de esta maniobra atentaba contra la imparcialidad de los jueces.
Plan sistemático para cooptar a la Corte Suprema
Según Desojo, el organismo de la ONU le «derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura«. Además, el plan también consistiría en atacar a jueces por no ser afines al macrismo o por fallar «en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial». De la misma manera implicaría la designación arbitraria de «jueces afines sin seguir las reglas».
Cabe recordar que García-Sayán le pidió al Estado argentino que brinde explicaciones «respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina». En este sentido, desea determinar si se obstaculizó «la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo».
Además, consideran que se disciplinó a «los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo». Según sostuvo el funcionario de la ONU, esta solicitud se originó en informaciones «suficientemente fiables». En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, deberá preparár la defensa de la administración nacional sobre su accionar en relación al Poder Judicial y cuenta con 60 días para enviar una respuesta.
