SALTA (Redacción) – Una licitación otorgada en condiciones sospechosas que involucra a la empresa YPF en la cual el Gobierno argentino mantiene un 51% de participación accionaria. Esto provocó ha denuncias de distintos actores en Argentina incluyendo la de un Senador Nacional, y hasta habría llamado la atención de la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos. Dicho organismo tiene la función de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados.
Como informa El Intransigente América, YPF realizó un llamado a licitación para cubrir el servicio de transporte fluvial entre San Lorenzo (Santa Fe) y Barranqueras (Chaco). La cual fue ejecutada luego de los resultados adverso para el Gobierno de Mauricio Macri en las PASO. En esta contratación se prevé la construcción de barcazas de transporte en el Paraguay y el inicio de la prestación dos años más tarde. Algo que sin duda llamo la atención de jueces fiscales e investigadores.
En el informe presentado por El Intransigente.com, se observa como la empresa adjudicataria de la licitación, Horamar S.A., establece el ensamblaje de las naves ubicadas en Paraguay, donde la industria naval no cuenta con mismo desarrollo, que poseen los astilleros argentinos. Esta situación generaría un perjuicio en el ámbito laboral del sector, en contradicción con los objetivos expresado por el presidente electo, Alberto Fernández, quien busca devolver la calidad al trabajo.
Cabe destacar que Horamar S.A. es una compañía naviera paraguaya subsidiaria de la multinacional Navíos South American Logistinc INC. La empresa está conducida por los hermanos Claudio, Horacio y Carlos López, quienes recientemente junto a Navíos Logistics Finance (US) firmaron un contrato con Morgan Stanley Senior Funding Inc. (agente administrativo) y Goldman Advisors LLC (manager) por un préstamo de 100 millones de dólares, según publica la Página Lexlatin.
El contrato aprobado por el actual Gobierno nacional, es objeto de múltiples denuncias, que ponen el acento en licitación otorgada. La Oficina Anticorrupción que preside Laura Alonso por parte de la CINA (Cámara de la Industria Naval), solicitó se proceda a investigar la posible comisión de irregularidades en el proceso licitatorio.
A este pedido se suma el SUPeH, el sindicato de los petroleros que defiende las fuentes laborales de los trabajadores marítimos y fluviales. En está línea la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, reclama que el contrato a favor de Horamar S.A. entra en los parámetros de «ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad».
En la Cámara Alta, el senador Fernando “Pino” Solanas realizó la presentación de un recurso de ampara, para que la compañía petrolera YPF, haga público el contrato firmando con la empresa Horamar S.A. Por su parte, la SEC interpuso una investigación ante el temor de que el accionar sospechoso perjudique a los accionistas norteamericanos.
La licitación trajo no solo pedidos de investigación, sino que además se habla de la responsabilidad política de la Gestión gubernamental de Mauricio Macri, que traerá aparejado consecuencias para el próximo Gobierno. Los reclamos presentados ante la justicia argentina no tiene pronunciamiento al respecto.
