ARGENTINA

“No es la salida”, señaló el vicepresidente de la UIA sobre la doble indemnización

El Gobierno Nacional decretó la doble indemnización por 180 días y el dirigente de la UIA criticó la decisión aunque reconoció la crisis

SALTA (Redacción) – El flamante presidente Alberto Fernández firmó el viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y estableció la doble indemnización en caso de despido por el período de 180 días. Según informó el Ejecutivo nacional, el objetivo de la medida es impedir que la tasa de desempleo, la cual se ubica en el 20,6 por ciento al segundo trimestre de 2019, continúe incrementando.

“Acá hay emergencia productiva y ocupacional”

De igual manera, el Gobierno aclaró en la resolución que la medida no se aplicará a las empresas que contraten posteriormente a la entrada en vigencia de la nueva normativa. Según indica el decreto, la nueva normativa entrará en vigor esta semana y se aplicará por 180 días. La decisión del Ejecutivo despertó duras críticas de parte de las principales asociaciones empresariales y economistas.

Por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, criticó la medida y explicó: “Acá hay emergencia productiva y ocupacional”. En diálogo con Cada Mañana en Radio Mitre, consideró: “La pregunta es si es ese [la doble indemnización] el camino. No hay ninguna duda de que hay que proteger al trabajador”. Sin embargo, negó que el camino sea “forzando a no desvincular” a los asalariados.

«No es la salida forzarlos a pagar una doble indemnización”

El dirigente de la Unión Industrial remarcó: “Hay que seriamente sentarse y discutir otro camino”. “¿Por qué no transitamos el análisis del seguro de desempleo para ver cómo se protege al trabajador y su familia?”, cuestionó y señaló: “Si están en crisis, si no pueden pagar insumos y salarios, no es la salida forzarlos a pagar una doble indemnización”.

Por último, Funes de Rioja llamó a permitir la “formalización” de la economía informal. “A esto hay que darle una coordinación. El primer objetivo es que la presión fiscal debería ser razonable. La emergencia debe ser lo más breve posible. Segundo, la formalización también implica (…) que hubiera una reducción o eliminación del IVA para los sectores de menos recursos en alimentos”, concluyó.

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