SALTA (Redacción) – El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo emitió una guía de información para refugiados y solicitantes en el país. En la misma se establecen procedimientos, derechos y deberes, sumado a las direcciones útiles para quienes están en esa situación. “Si sos una persona de nacionalidad boliviana y requerís protección internacional, tenes DERECHO a pedir REFUGIO en Argentina” publicaron en sus redes sociales.
En este marco, desde el INADI aseguran que “la protección de las personas refugiadas es responsabilidad del ESTADO. Para hacerlo podrás solicitarlo verbalmente o por escrito ante: la autoridad migratoria en frontera, al ingresar al país; cualquier otra autoridad nacional, provincial o municipal”. Asi como “también ante la Secretaría Ejecutiva de CONARE en Buenos Aires o cualquier delegación u oficina migratoria de la Dirección Nacional de Migraciones”, agregaron.
Ante cualquier dificultad en los pasos informados, la personas en estado de vulnerabilidad puede contactarse al INADI a través del 0800 999 2345 o a alguna de sus delegaciones. Entre ellas, en San Salvador de Jujuy, se ubica en calle Patricias Argentinas 260, 1° piso, o al telefono (388) 431-0631 o (+54) 9 11-3696-6138. En tanto que en Salta, la oficina está en Balcarce 175, en 2° piso of. 218. O al telefono (387)4218758, ó (+54) 9 11-3696-6292.
De acuerdo a su definición que emplean en la guía, “un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de su país”. Mientras que “un solicitante del estatuto de refugiado es quien ha solicitado su reconocimiento como tal ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y su solicitud se encuentra en trámite”.
Al igual que cualquier argentino, un refugiado o solicitante tienen derechos y obligaciones. Entre los primeros está en de no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro. Permanecer y transitar libremente en el país. Acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente. No ser discriminados por ninguna razón; y practicar libremente su religión. Y entre sus obligaciones respetar las leyes nacionales, provinciales y municipales, a las personas, entidades, organismos públicos y privados; decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud.
