El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, renunció en las últimas horas mediante una nota dirigida al gobernador Gerardo Morales. Esta decisión se da en medio de la debate de proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación para intervenir el Poder Judicial de ese territorio. Según señaló el magistrado, es para evitar que “los procesos de tipo político y judicial que se siguen en su contra sean utilizados para cuestionar el funcionamiento de las instituciones en Jujuy”.
El descargo del presidente del Tribunal de Justicia
Cabe señalar que Baca está denunciado por escuchas que consideran ilegales. Ante estas acusaciones señaló: “Es el resultado de un proceso que comenzó con la grabación clandestina de conversaciones privadas. Cuanto menos a partir del mes de noviembre del año 2016”. Además, indicó que quien llevó a cabo las grabaciones mencionadas fue Ana Juárez Orieta. Quien era en ese momento la directora Provincial de Estadísticas y Censos de Jujuy.
En este sentido según la agencia NA, Baca agregó sobre Orieta: «Luego se alejó de la gestión. Y posteriormente se sumó al proyecto político del actual Senador Nacional, Guillermo Snopek«. En tanto, como bien indica El Intransigente, el magistrado consideró que esas grabaciones que se difundieron se usaron en algunos medios de comunicación para perjudicarlo. De esta forma, remarcó que no ha intervenido en ninguna de las causas que involucran a Milagro Sala.
Contra la intervención propuesta por Snopek
“El uso de los audios nos retrotrae a lo más oscuro de nuestra historia. Como son las grabaciones clandestinas, la delación y el espionaje de las opiniones”, sentenció el magistrado. “A todo esto el senador Snopek solicitó la intervención federal de la Justicia de Jujuy. Mencionando, entre otros puntos, los audios publicados”, reclamó contra el legislador del Frente de Todos. Además, Baca destacó la participación de los Colegios de Magistrados, de Abogados, de Procuradores, y de los poderes del Estado en las designaciones del Poder Judicial provincial.
“La posibilidad de acceder a un cargo en la Justicia en el sistema anterior dependía de la voluntad exclusiva de los poderes del Estado. Desde la implementación de un sistema de selección por concursos de antecedentes y oposición, han asumido funciones numerosos profesionales. De ningún otro modo lo hubieran podido hacer. Ya sea por falta de contactos políticos o por no pertenecer a los sectores que tradicionalmente tuvieron esa posibilidad”, señaló.