Como era de esperarse, Horacio Pietragalla defendió la estrategia sanitaria implementada en Formosa. El dirigente del Frente de Todos negó que existan violaciones a los derechos humanos en la provincia gobernada por Gildo Insfrán desde hace 25 años. Sin embargo, Amnistía Internacional le exigió al Gobierno Nacional que condene lo sucedido en la provincia del NEA y no haga lugar al informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos.
En primer lugar, Amnistía Internacional describió con detalles lo que se vive dentro de los centros de aislamientos de Formosa. “Las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS). Entre ellas personas que sufrieron el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que por sus condiciones la expusieron al contagia, del durando incluso hasta 30 días, la falta de acceso a los resultados de sus testeos de Covid-19 e información precisa sobre su situación de salud”, detallaron en lo que fue una larga lista de vulneraciones.
«Por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria», agregaron en la carta. “Una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales”, sostuvo Amnistía Internacional.
El pedido al Gobierno Nacional
Tras detallar la situación que se vive en Formosa, la ONG exigió respuestas por parte del Gobierno. “El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de Gobierno. Necesitamos una respuesta a la altura de las denuncias recibidas”, afirmaron.
“ No puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención», agregó. “El contexto actual exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos. La grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno y demandan su intervención de forma urgente», concluye el documento de Amnistía Internacional.
