SALTA (Redacción) – En el marco del caso de femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, diputadas nacionales del Frente de Todos dieron a conocer la presentación de un proyecto de ley. Considerando las debilidades del sistema disfuncional que prima en Argentina, las mismas esperan poder modificar el Código Penal. De hecho, prevén revisar la restricción perimetral por violencia de género.
El objetivo de la iniciativa propuesta al Congreso es la incorporación de un artículo. El mismo obligaría a los agresores a cumplir una condena en prisión por incumplir con la restricción perimetral por violencia de género. Esta propuesta se conoció por la voz de la legisladora de la Cámara baja nacional por la provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard, a través de su cuenta de Twitter.
Pedido de investigación con perspectiva de género
Además, en el marco de la causa del femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación brindaron un comunicado. Según informó El Intransigente, en el mismo señalan su respaldo a la investigación. A través de su cuenta oficial de Twitter, la cartera exteriorizó su pedido respecto al caso de la adolescente bonaerense. Precisamente, pide que sea indagado mediante la perspectiva de género.
«Desde el martes estamos interviniendo de manera activa ante el femicidio de Úrsula Bahillo. En primer lugar, nos contactamos con la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es coordinar acciones y realizar un abordaje integral del caso», expresaron desde el ministerio.
«También coordinamos la incorporación de las personas cercanas a Úrsula al programa para el ‘Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata’ ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio», abundaron. Asimismo, contaron sobre la presentación de «una nota dirigida al fiscal». La misma tiene como fin de aportar recomendaciones para la investigación penal de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado argentino».
