El Gobierno Nacional decidió darle fin a la política migratoria implementada en la gestión de Mauricio Macri. Es por eso que, en un primer momento, se dispuso una serie de cambios en el control de los pasos fronterizos. Este viernes, finalmente se decidió derogar el decreto dictado por el expresidente donde se impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes y se agilizaba la salida de aquellos que habían tenido problemas con la ley.
Este viernes el Gobierno Nacional derogó el Decreto 70/2017, publicado hace cuatro años bajo la gestión de Cambiemos. Tanto Alberto Fernández como todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles sobre los migrantes que ingresan al país.
La explicación del Gobierno Nacional
A través de este decreto, el Gobierno Nacional explicó los motivos por los que decidió suspender la expulsión de extranjeros que hayan cometido o cometan delitos. “Modificó aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, expresaron desde la administración de Alberto Fernández.
¿Qué decía el DNU de Macri?
En enero de 2017, el expresidente Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la ley de migraciones. En ese entonces el asesinato del joven Brian Aguinaco conmovió al país y, mucho más, cuando se conoció que el asesinato lo perpetró otro adolescente de origen peruano, lo que aceleró la sanción de este Decreto de Necesidad y Urgencia.
El Decreto 70, derogado por el Gobierno Nacional con la firma de Alberto Fernández, establecía que se prohibirá el ingreso de aquellos extranjeros “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad. Delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. También se permitía la expulsión del país para aquellos extranjeros residentes en el país con condenas mayores a cinco años de prisión y mayores de tres años para quienes no residían en Argentina.
