SALTA (Redacción) – El Senado de la Nación estiró hasta el 2025 la suspensión de desalojo a las comunidades originarias. Esto se da en el marco del conflicto Mapuche en la Patagonia. La votación de los senadores nacionales dividió fuertemente las aguas en el bloque de CAMBIEMOS. Recordemos que esta fue una iniciativa de la legisladora salteña, Nora del Valle Giménez.
Si bien, es cierto que se intento modificar la iniciativa, a través de la redacción de la encargada del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda; no se llegó a hacerlo. Es que ya no quedaba más plazo para seguir esperando porque el 23 de noviembre vencería de la suspensión de los desalojos, la cual fue votada en el año 2017. Se aprobó la ley con 43 votos a favor, 2 negativos y 7 abstenciones.
Esta ley es una extensión de uno de los artículos de la ley de comunidades originarias y exige que se suspenda todo desalojo hasta que el Estado no termine de realizar el censo correspondiente que determine cuántas comunidades originarias existen en el país y dónde están ubicadas. El hecho es que este censo nunca concluyó y eso da margen a estas comunidades para exigir que se suspendan los desalojos.
El senador radical, Héctor Zimmerman, se encargó de diferenciar a las comunidades originarias con los hechos de violencia que se está viviendo en la provincia de Río Negro. Critico al INAI por la demora y responsabilizó a esta institución por los conflictos con comunidades originarias. El senador Ernesto Feliz Martínez no estuvo acuerdo y dijo que apoyar esta medida era colaborar con los «actos terroristas».
Por su parte, el senador de la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo, criticó duramente a Martínez diciéndole que «además del desconocimiento es más grave aún emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno», exclamó el legislador del FDT. Por último, manifestó que «hay un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes, y la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia», exclamó Luenzo.
