SALTA (Redacción) – Sergio Urribarri, quien supo ser gobernador de Entre Ríos y se desempeñaba como embajador en Israel, fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua. El dirigente del Frente de Todos fue condenado por negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que enfrentaba en los Tribunales entrerrianos.
Los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Elvio Garzón fueron quienes convalidaron la teoría del caso de la fiscalía. Logrando este histórico fallo contra Sergio Urribarri. A las pocas horas de conocida la condena, Alberto Fernández aceptó la renuncia del dirigente kirchnerista que había sido designado como embajador en Israel. De hecho, el exebajador se aprestaba para recibir una comitiva entre las que habría figuras oficialistas como Wado de Pedro.
Las causas contra Urribarri
El exgobernador de Entre Ríos fue condenado por direccionar contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. Uno de los beneficiados era su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien terminó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Según la Justicia, Aguilera operaba con un esquema de testaferros y cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad.
Los jueces del tribunal de Entre Ríos entendieron que la difusión de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014, la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri. El entonces gobernador entrerriano tenía el deseo de ser candidato a presidente, algo que finalmente no se materializó.
Además de Sergio Urribarri, hubo otros funcionarios del gobierno de Entre Ríos implicados en la causa. Se trata de Pedro Baez, quien se desempeñaba como ministro de Comunicación, y Hugo Marsó, que era ministro de turismo durante el gobierno de Urribarri. Este último fue absuelto, mientras que Baez deberá enfrentar seis años y medio de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
