SALTA (Redacción) – Está finalizando el noveno alegato en la causa por corrupción en la obra pública donde la principal apuntada es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. El fiscal Diego Luciani es quien está a cargo del caso judicial en la cual también se juzga a otras personas, entre ellos a Lázaro Báez por irregularidades y enriquecimiento ilícito en el marco de construcción de Vialidad.
En el alegato y la sesión judicial que está llevando a cabo, el fiscal anticipó cuál será al sanción que pedirá en contra de Cristina Kirchner. Por un lado, exigirá una pena de entre 5 y 16 años de prisión para la vicepresidenta y la «inhabilitación especial perpetua» para ocupar cargos públicos. Según el magistrado se trata de «la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país».
Esta es la jornada final de los alegatos que se vienen realizando en el marco de supuesta corrupción en la obra pública. «La corrupción fue la regla«,afirmó Luciani en sus declaraciones sobre la gestión de Cristina Kirchner. La locación donde se juzga y presume estos delitos es en la Provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y el 2015. Se espera que después de las 18 horas se conozca el pedido oficial del fiscal. El juicio se lleva a cabo en el marco del Ministerio Público Fiscal hace poco más de 3 años.
Para el fiscal, Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita
«Los gobernantes deben rendir cuentas de sus acciones. Atenta contra los principios democráticos intentar negarse a explicar qué hicieron con la plata», fue una de las tantas menciones que hizo Luciani. También recordó que «Cristina Kirchner desafió a este tribunal cuando dijo que la absolverá la historia».
«En la defraudación han intervenido al menos 12 personas. Solo la intervención articulada de todos los funcionarios, en convivencia con Lázaro Báez, permitía el éxito de la maniobra», aseguró también Luciani. A su vez, aclaró que «no puede encontrar un sólo atenuante» por parte de la vicepresidenta Kirchner y la definió como «jefa» de una asociación ilícita tras ceder diferentes obras a Báez.
«Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos por las máximas autoridades del país. Una cosa es la decisión política de cuántos fondos invertir y otra que bajo esa cascara se aprovechen los recursos del estado», asegura al mismo tiempo Luciani. Además, anunció que pedirá «el decomiso de lo robado y la inhabilitación para ocupar cargos públicos» a cada uno de los imputados.
