SALTA (Redacción) – La Ciudad de Buenos Aires genera el 17% de los recursos coparticipables del país. Hasta 2020 recibía por ello, el 3,9% de estos ingresos. Sin embargo, ante una revuelta policial en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional buscó ahogar al principal distrito opositor, le recortó los fondos para darselos a Axel Kicillof. Ahora, la Corte Suprema ordenó devolverle a la Ciudad el 2,95% de los fondos, algo que el gobierno no acepta.
En un escándalo institucional inédito en la historia democrática del país, el Gobierno Nacional se niega a cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. A través de un comunicado, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner comunicó esta escandalosa decisión. «En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables», remarcó.
«Además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le trans?rió en el año 2016. En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», expresaron.
Los cuestionamientos a los fundamentos
El insólito comunicado del Gobierno Nacional cuestionó los motivos del fallo. «En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal ?nalidad», señalaron.
«Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada», señaló el Gobierno Nacional que acompañó de manera integra este escándaloso comunicado.