SALTA (Redacción) – La relación bilateral con Chile es sorprendentemente mala. A pesar de que tanto el gobierno argentino como el chileno comparten la misma ideología, ya son numerosos los cruces que tuvieron las gestiones de Boric y de Alberto Fernández. Ahora, una nueva polémica se suma nuevamente por una errática decisión del presidente argentino.
Es que Alberto Fernández, junto a otros dirigentes latinoamericanos de menor rango, firmó un comunicado del Grupo de Puebla en solidaridad con el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. El excanciller chileno es acusado en una denuncia penal por financiamiento ilegal de la política. De hecho, su vínculo con causas de corrupción lo dejó afuera de la coalición que llevó a Gabriel Boric a la presidencia.
La firma de Alberto Fernández provocó un fuerte escándalo en el vecino país que pidió explicaciones al Canciller Rafael Bielsa, quien ya se vio involucrado en sus propias polémicas. “Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años. Es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”, señala el texto firmado por el presidente.
La respuesta chilena
El propio Gabriel Boric consideró inoportuna la firma de Alberto Fernández en ese documento. “Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”, dijo haciendo referencia al mandatario argentino que fue el único dirigente en ejercicio del poder en firmar este polémico documento del Grupo de Puebla.
La canciller chilena Antonia Urrejola cuestionó el documento y reconoció que tuvo que hablar con el embajador argentino para pedir explicaciones. “Lo primero que hice fue conversar con el embajador (Rafael) Bielsa sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia (Luis Cordero). Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El gobierno protege la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público”, manifestó.
