SALTA (Redacción) – Los docentes autoconvocados junto a los médicos están llevando una extensa lucha por mejores salarios. Si bien, es cierto que el Gobierno provincial garantiza un acuerdo paritario con los sindicatos oficiales, el sector disidente reclama ingresos más elevados. En este contexto, Cristina Fiore y Socorro Villamayor avanzaron un proyecto legislativo antipiquete que generó mucha polémica.
Durante a lo largo de la mañana de hoy miércoles 31 de mayo, la diputada tuvo que explicar y justificar su proyecto de ley antipiquetes. El objetivo es poder regular con algún protocolo o legislación los diferentes cortes de ruta que se dan en la provincia. Por eso fue que Fiore y Villamayor aprovecharon la tensión social para avanzar con este tipo de iniciativa que lógicamente provoco una fuerte discusión interna en la Cámara de Diputados.
En un programa radial, la legisladora recordó que esta iniciativa se presentó hace un año, en abril del 2022. Pero en ese entonces no se logró avanzar ni conseguir el consenso suficiente que si hubo ahora. «En ese momento se había dado una discusión muy interesante sobre la cantidad de cortes de rutas y manifestaciones que se habían dado durante ese tiempo», detalló Fiore al respecto.
Detrás de esto lo que hay es un intento de equilibrar legislaciones y libertades, aclaró. «Aquí nos pareció importante reflexionar en cómo podemos hacer para compatibilizar la libertad de manifestación y por otro, el de transitar libremente, que es otro derecho«, remarcó FIore. Con este proyecto no se hace más que establecer mecanismo y protocolos que garanticen los derechos y libertades de todos.
¿Qué establece esta iniciativa?
En otras palabras, esta ley establece que todos aquellos que vayan a manifestarse deberán avisar en qué parte se hará el corte de rutas. Mientras que, por otro lado, las diferentes autoridades políticas o judiciales podrían actuar como mediadores. Si esta última fracasa recién ahí se deberá notificar al Ministerio Público Fiscal. Por último, todo policía o miembro de las fuerzas de seguridad tiene que identificarse. La decisión final quedó en manos del Senado provincial y es probable que se lo trate el 1 de junio.
