SALTA (Redacción) – El caso, como se recordará, fue expuesto de manera exclusiva en la edición 461 de este medio, del 26 de abril pasado. En la misma se dieron a conocer aspectos de la denuncia del comerciante, Sergio Salinas, quien junto a su mujer, posee un lavadero de autos y una remisería en el barrio Morosini, negocios por el cual un empleado de la Dirección de Rentas de la Provincia está acusado de cobrar una “coima” para evitar la clausura.
El jueves pasado, la fiscal penal, Mónica Poma, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dio a conocer la detención e imputación penal de un empleado de ese organismo estatal por el delito de concusión, acusación que surgió a partir de una investigación iniciada por esa fiscalía tras la denuncia del Director de Rentas de la Provincia, el contador, Luis Alberto Trogliero, quien develó detalles de la presunta maniobra delictiva expuesta por el comerciante.
Al respecto, la fiscal informó que «las actuaciones se iniciaron por denuncia del director general de Rentas de la Provincia”. Explicó que en la misma, Trogliero indicó que “un ciudadano había comunicado que un agente de Rentas se presentó en su local comercial y le requirió dinero para solucionar la clausura que tenía pendiente, oportunidad en la que este lo filmó con un celular». Con estos datos, la fiscal inició una serie de pesquisas a fin de verificar la denuncia.
En ese marco, la representante del Ministerio Público, a través de reportes aportados por los policías de esa unidad fiscal, logró reunir una serie de evidencias en torno a la maniobra y la probable participación del empleado apuntado, tanto por el comerciante como por el director de Rentas, en el cobro de dinero a cambio de obviar la clausura del negocio del comerciante Salinas.
Posteriormente, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento y detención del empleado sospechado, identificado como Alejandro López, quien se desempeña, casualmente, en esa repartición. Las medidas fueron dispuestas por el juzgado y ejecutadas el lunes 6n de mayo pasado por la policía. Según se informó, en el allanamiento en la casa del acusado, se secuestró computadoras, celular y documentación que tenía López, elementos ahora “serán materia de peritaje correspondiente» por parte de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
No declaró
López, en tanto, fue sometido a la audiencia de imputación, oportunidad en la que se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Al empleado, según lo trascendió, se le imputó el delito de “concusión”, contemplado en el artículo 266, del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación de uno a cinco años para ejercer cargos públicos. Este delito se aplica al funcionario que “abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.”.
Pese a su negativa a declarar, el proceso penal en su contra sigue adelante y se espera aún el resultado de otras medidas, entre ellas las pericias técnicas, a fin de poder determinar si la supuesta conducta delictiva achacada a López se circunscribe sólo al hecho denunciado por el comerciante Salinas, o bien, habría otros casos, una posibilidad que hasta el momento no fue confirmada por la fiscalía.
El caso denunciado
Trogliero, según lo informado por este medio oportunamente, dio a conocer a la Justicia las actuaciones iniciadas a través de un sumario interno de esa dependencia recaudadora, el que lleva el número 22602664/19. Todo surgió de una denuncia presentada por Salinas, quien reveló que a fines de diciembre del año pasado, un agente del área de “Clausura y Decomiso”, se presentó en su negocio, ubicado sobre calle Checoslovaquia al 600, para ejecutar la clausura del local.
En su relato, el comerciante dijo que López se presentó y le solicitó dinero a cambio de archivar las actuaciones internas que se tramitaban en ese organismo por una serie de irregularidades en la documentación. Como prueba de ello, Salinas mostró a las autoridades de Rentas fotografías y videos en los que se materializó el supuesto pago de “coimas” al empleado. Todo esto se descubrió cuando otro agente de retención se presentó en el comercio de Salinas y allí tomó conocimiento de lo sucedido, hecho que fue comunicado luego a Trogliero.
“Mucho daño”
En declaraciones públicas, Trogliero confirmó haber realizado la denuncia del caso, difundida por este medio. «El contribuyente a quien se le había clausurado el comercio se acercó a Rentas para denunciar de forma verbal a un empleado del organismo, quien le hizo archivar un expediente en su contra a cambio de dinero. Le dijo -el comerciante- que iba a juntar pruebas para exponer lo que estaba haciendo, al parecer el expediente en cuestión era por una clausura», explicó.
«Con todas esas pruebas se acercó al organismo donde hizo la denuncia formal. Luego, y en vista del deber que me cabe como funcionario, pero sobre todo como ciudadano, actuamos en consecuencia. Estas cosas hacen mucho daño a la sociedad, a los ciudadanos comunes, al contribuyente. Debo reconocer que hace un año y medio que estoy a cargo del organismo y hay mucha gente valiosa en la administración pública y estas cosas empañan el trabajo de esa gente, hacen mucho daño», expresó.
