SALTA (Redacción) – La sentencia fue dictada por la jueza, Sandra Mabel Sánchez, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal. La misma se aplicó en el marco de un juicio abreviado seguido a Mauro Martínez, un joven de 23 años que protagonizó distintos incidentes de violencia en perjuicio de su ex mujer, hechos por los que fue detenido el 27 de marzo pasado.
Curiosamente, tras su captura, su familia llevó adelante una campaña en el edificio de la ciudad judicial de esa ciudad, donde realizaron manifestaciones y reclamos a fin de que Martínez sea liberado, pues aseguraron que las acusaciones realizadas en su contra por su ex mujer se trataban de hechos falsos y armados para perjudicar al joven detenido.
A tal punto llegó la campaña que algunos de los familiares decidieron encadenarse a las rejas de la ciudad judicial. Pese a estas acciones, en abril pasado, al mes siguiente de ser detenido, el juez de Garantías de dicho distrito dictó la prisión preventiva de Martínez, pues a los días de iniciado el proceso en contra del joven, se presentaron dos denuncias más por su conducta violenta.
Al respecto, fuentes judiciales explicaron que en principio el juzgado de Garantías había impuesto medidas restrictivas a Martínez, pero posteriormente su ex mujer señaló que el acusado violó esas medidas e incluso comenzó a acosarla, por lo que la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal, Lorena Martínez, le imputó los delitos de coacción y desobediencia judicial, y por amenazas y violencia judicial.
En los últimos días, en tanto, el caso fue llevado a juicio en la Sala I del Tribunal de Juicio, oportunidad en la cual Martínez fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de los delitos de coacción; desobediencia a la autoridad y amenazas en concurso real. Asimismo, se impusieron otras medidas, como la de fijar domicilio y someterse al control de un patronato; abstenerse de concurrir al domicilio de la víctima y a los lugares donde ella concurra en un radio de 200 metros.
La jueza también le ordenó no ejercer actos de violencia física o psíquica contra la denunciante y su familia, ya sea en forma personal, por llamadas, mensajes telefónicos, o por Facebook o mail. Es que el acusado, a través de las redes sociales, había amenazado y hostigado a su ex mujer, quien radicó la denuncia de ese incidente el 4 de mayo pasado.
Por otra parte, y de manera inédita, la jueza ordenó al acusado la obligación de realizar un curso “on line” de Derechos Humanos, como así también efectuar estudios o prácticas para su capacitación laboral. Tendrá también que adoptar oficio, arte o profesión y abstenerse de usar estupefacientes y abusar de la ingesta de bebida alcohólicas.