SALTA (Redacción) – Como todos los años, la Policía de la Provincia es protagonistas de numerosos incidentes callejeros o en lugares de detención, en los cuales los policías son acusados de cometer abusos policiales, aunque no es usual que estos hechos terminen con la muerte de los agredidos, como ocurrió el 26 de agosto pasado, cuando cuatro policías detuvieron a un joven de 22 años, Cristián Gallardo.
La detención se produjo a las 6.30, cuando la víctima estaba con sus amigos en una ingesta alcohólica. Según Dalma Salas, hermana del joven, horas antes se había producido un robo y la Policía apareció y corrió al grupo en el que estaba su hermano, los que se refugiaron en la casa de un vecino, en la zona de Finca Independencia, en la zona sudeste de la ciudad.
Los policías, quienes buscaban al autor o autores del robo de un teléfono celular y una mochila, ingresaron a la vivienda con autorización del dueño de casa y se llevaron detenido a Gallardo, al que introdujeron en la caja de un móvil policial, donde habría sido golpeado brutalmente. Los vecinos registraron todo con teléfonos celulares, videos que luego difundieron por las redes sociales.
“En el video se escuchan los quejidos de mi hermano y nadie lo ayudó”, aseguró su hermana. El joven, según la versión oficial, murió dentro del móvil policial debido a una descompensación, sin que las maniobras de reanimación pudieran salvarle la vida. “No recibió ningún tipo de asistencia médica, no nos querían informar nada, al punto que mi mamá fue directamente a la morgue”, agregó.
Mientras la familia radicó la denuncia del caso por el abuso policial, la fuerza informó que el joven fue acusado de robo y durante la detención le secuestraron el celular robado y un cuchillo. Salas, por su parte, reconoció que su hermano si tenía antecedentes y es por ello que se había radicado en el norte provincial. “Estaba trabajando en una finca en Embarcación, cometió errores pero estaba saliendo adelante, vino a Salta de visita y encontró la muerte”.
Tras la muerte de Gallardo, la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, ordenó la detención de los policías Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea, acusados provisoriamente del delito de homicidio culposo. Asimismo, dispuso que dos médicos del Poder Judicial participen de una segunda autopsia ordenada para establecer las causas del deceso.
Enojo en Diputados
La muerte de Gallardo generó marchas públicas en reclamo de justicia, lo que llevó a la Cámara de Diputados de la Provincia a requerir la presencia del ministro de Seguridad, Carlos Oliver, a fin de poder conocer detalladamente lo sucedido con el joven y qué medidas se tomaron desde esa cartera respecto al abuso policial denunciado, lo que se repite año a año.
Sobre la visita del funcionario a la Legislatura, registrada el lunes pasado, el propio presidente de la cámara baja, Manuel Santiago Godoy, se mostró bastante disconforme con la visita y respuestas dadas por Oliver a sus colegas. «Siempre que hay involucrado un policía la cosa se torna bastante laxa», sostuvo el legislador.
«El asunto de que pasen a disponibilidad (los policías) y sigan ejerciendo tareas administrativas en la Policía, hace que sigan estando en la Policía (sic) y sigan pudiendo interferir en la investigación a raíz de amistades y del mismo espíritu del cuerpo policial», reclamó y también consideró que se debería reformar el código procesal penal para que la Justicia sea más efectiva sobre policías vinculados a crímenes.
Las declaraciones de Godoy no ayudaron en nada al ministro, quien carga con varios hechos de atropello policial, incluso la condena a prisión perpetua de un suboficial por el asesinato de un menor de edad en otro incidente callejero, hecho ocurrido en enero del año pasado, en el barrio Solidaridad, también en la zona donde se registró este nuevo crimen.
Explicaciones
“Venimos a dar los informes respectivos, cómo está el procesamiento en esa situación donde hay cuestionamiento en el accionar de la Policía», sostuvo Oliver al ingresar a la Legislatura. Para ser más enfático, indicó que en su gestión imprimió una constante mejora «en la formación de los efectivos, como así también la creación de la oficina de Asuntos Internos, organismos que fuimos incorporando para este tipo de cuestiones. Hay que recordar que antes las formaciones eran de seis meses y hoy tenemos institutos para oficiales de 3 años y suboficiales de 2 años».
«Reprochamos este tipo de situaciones, por ese motivo estamos a disposición de la justicia para que investigue y se pueda esclarecer este hecho», agregó el ministro, quien tuvo que salir a aclarar que no presentó su renuncia. “Todo está en investigación todavía por parte de la justicia y de la fiscalía interviniente. Le hemos explicado que todavía hay varias situaciones en las que se están haciendo una serie de diligencias, de pericias y todo lo que se pudo aportar y que pidieron desde la fiscalía para que se aporten y para que se puedan esclarecer estas situaciones”, explicó.
Sobre el incidente, Oliver sostuvo que todo se inició a partir de dos llamadas al 911, las que dan cuenta de un robo. Por ello, “se derivó un recurso al lugar y se inicia una persecución, se meten a un domicilio”. Sobre las facultades que tiene la policía para actuar en esos casos, el funcionario aportó los detalles del caso a los legisladores. “Se explicaron todas estas situaciones y está todo en manos de la fiscalía, se aportó esa llamada, qué móvil había llegado al lugar, quiénes son los efectivos, los libros que se pusieron a disposición, los móviles, las ropas de los efectivos, que hoy está en manos de la justicia para que se pueda esclarecer”.
Los antecedentes no son favorables
El año pasado, en octubre, el cabo, Juan Carlos Cardozo, resultó culpable del delito de homicidio calificado por ser consumado con abuso de función pública y recibió la pena de prisión perpetua. La condena se dictó en el marco del juicio seguido al suboficial y a otro efectivo por un caso de “gatillo fácil”, en el que fue asesinado Nahuel Salvatierra, un adolescente de 17 años.
Emiliano Gastón Aguilera Alanís, el otro policía juzgado, fue considerado partícipe del hecho y condenado a dos años y diez meses de prisión condicional e inhabilitación especial por el término de cuatro años y diez meses. Fue acusado de los delitos de incumplimiento a los deberes de funcionario público y encubrimiento.
El veredicto lo dio el juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Francisco Mascarello. El caso ocurrió el 3 de enero pasado en barrio Solidaridad, en inmediaciones de las calles Martín Fierro y Fortín Las Juntas. Los dos uniformados circulaban por el lugar en una motocicleta cuando se toparon con un grupo de jóvenes de la barra “La ranchada”, con quienes intercambiaron palabras. Según consta en la causa, en esas circunstancias, Cardozo tomó su arma reglamentaria, apuntó y disparó. El proyectil impactó en el rostro de Nahuel Salvatierra.
El 14 de abril de 2.015, en tanto, se produjo otra muerte de Brian Franco, un menor de 16 años, quien murió de un disparo en el pecho en un incidente con efectivos de la policía local en un baldío en Villa 20 de Junio. Previamente, en 2013, se registró la muerte de Gabriel Mura Ortiz, en un enfrentamiento con policías en el barrio Sarmiento. Estos dos casos fueron llevados a juicio. Ambos hechos fueron juzgados por la Sala V del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces, Milagro López, Marcelo Rubio, Mónica Faber y Ada Zunino, en uno de los juicios como ad hoc. Estos magistrados absolvieron a los policías acusados.
