SALTA (Redacción) – Los letrados habían sido propuestos por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, para ser designados como asesora de menores de incapaces y fiscal penal, sin embargo, desde la Comisión de Acuerdo, Justicia y Designaciones del Senado provincial, presidida por el senador, Jorge Soto, se informó en los últimos días la decisión de dejar pendiente estos pliegos para el próximo año.
Eugenia Celeste Hernández Berni y Juan Marcos Molinati fueron postulados para ser designados como titulares en la Asesoría de Menores e Incapaces Nº 5 y la Fiscalía Penal, ambos del Distrito Judicial del Centro, sin embargo, el senador Soto reveló que los pliegos de ambos candidatos quedaron pendientes. Esto se debió “habida cuenta que los legisladores estarán abocados a tratar la ley de presupuesto”.
Soto explicó que la decisión se tomó debido a que ambos pliegos recibieron numerosas impugnaciones, lo que obliga ahora a abrir una etapa más compleja en la que “corresponde correr traslado a los postulantes para que hagan su descargo. Una vez cumplido este paso, los integrantes de la comisión se reunirán a fin de analizar los resultados”.
Agregó que las sesiones ordinarias ya finalizaron, tanto en la cámara de diputados como de senadores y señaló que los legisladores volverán a reunirse en sesiones extraordinarias, pero solamente para tratar la Ley de Presupuesto Provincial 2020, por lo que es “esto (por los pliego de Molinati y Hernández Berni) ya pase para el año que viene”.
Por último, el presidente de la comisión recordó que apenas se dio a conocer las postulaciones de ambos candidatos, casi de inmediato se hicieron acusaciones de violencia laboral en el caso de Hernández Berni y de violencia de género y estafa, respecto a Molinati, lo que posteriormente se tradujo en impugnaciones durante la etapa de observación, oportunidad prevista por ley para que los ciudadanos interesados hagan las objeciones del caso.
Impugnaciones
Las mismas llegaron del seno del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, un organismo creado recientemente en el marco de la Procuración General de Salta. Este organismo, que tiene un fuerte acento de contralor, formalizó las impugnaciones, tanto con respecto a Molinati, para el cargo de fiscal penal, como para Hernández Berni, como asesora de menores e incapaces.
Nota mediante al gobernador, Cornejo informó al gobernador que ese órgano evaluador multisectorial objetó el pliego de Molinati ante el Senado por «los antecedentes fácticos del impugnado, su vinculación con hechos constitutivos de violencia de género, la violación de preceptos establecidos en el reglamento interno del Consejo de la Magistratura y las obligaciones del Estado Argentino, en relación a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres».
Cornejo remarcó que el Estado debe abstenerse de «cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres», y asegurarse de que todos sus agentes «cumplan con esa obligación». Por ello, «solicitamos a usted (gobernador) que atento a sus facultades, contempladas en la Constitución de la Provincia, retire el pliego que propone al postulante cuestionado».
A modo de argumento, el comité señaló que en los registros del Ministerio Público de Salta aparecen dos denuncias vinculadas a violencia de género en contra de Molinati, las que datan de 2011 y 2017. Ambas acusaciones se iniciaron con actuaciones de la comisaría Quinta y fueron archivadas por desistimiento de las presuntas víctimas.
«Ello pese a las marcadas recomendaciones sobre indagar sobre los motivos que llevaron a la víctima a retractarse, ya que estos pueden ser una manifestación de la violencia denunciada, a través de coacciones o intimidaciones ejercidas por el agresor para que retire la denuncia», remarcaron los 14 miembros del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género y los 26 ciudadanos que adhirieron al escrito.
Violencia de género
Para los impugnantes, “las denuncias reflejan prácticas similares de violencia de género y familiar y en ambos casos fueron encuadradas para su desistimiento dentro del margen de una discusión normal, resultando dudosa tal afirmación en razón de los hechos graves descriptos por las dos mujeres”, aunque no sugirieron otras acciones a fin de verificar la existencia o no de delitos.
Por otra parte, hicieron notar que el artículo 27 del reglamento de los concursos selectivos convocados por el Consejo de la Magistratura obliga a los postulantes a presentar los certificados expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia y la Policía de la Provincia. «Resulta llamativo que Molinati en su presentación no cuente con dichos antecedentes en el marco de los registros de la Policía de la Provincia», resaltaron.
A pesar de las causales de exclusión establecidas en el reglamento de los concursos, agregaron que «la omisión de las denuncias ante el Consejo de la Magistratura por parte del postulante no se condice con los valores éticos, y que su contenido se vincule con acciones típicas de violencia de género constituye una violación a los derechos humanos».
Hernández Berni
En otro tramo de su presentación, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género impugnó también el pliego de Hernández Berni, contra quien revelaron como una objeción grave el hecho de que la funcionaria judicial no haya informado al Consejo de la Magistratura las actuaciones sobre una denuncia administrativa en su contra por violencia laboral.
Hernández Berni, según registros del Ministerio Público de Salta, tiene una denuncia en su contra por violencia y acoso laboral. La presentó el 11 de julio de 2018 la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público, que solicitó el inmediato traslado de un funcionario de la Asesoría de Incapaces Nº 2 del Distrito Tartagal, donde la postulante es titular, a otra dependencia.
En la presentación, la entidad gremial denunció “permanentes agresiones, hostigamientos y vulneraciones que deben ser interrumpidas de manera inmediata”, y solicitó la instrumentación de un sumario administrativo contra la funcionaria por entender que “estamos en presencia de violencia y acoso laboral”.
También objetaron a Hernández Berni por su actuación en el recordado caso de la niña de la comunidad wichi de Alto La Sierra, la que fue violada en 2015 por un grupo de jóvenes criollos, de ese paraje del departamento Rivadavia. La nena, de 12 años y con retraso madurativo, sobrellevó por más de seis meses sin ninguna asistencia, ayuda ni contención oficial un embarazo crítico que fue interrumpido en un hospital de la ciudad de Salta.
