SALTA (Redacción) – Ella es jubilada. Se llama Rita Luna y en la última audiencia, su defensora, Laura Flores Mejías, adujo que padece numerosas enfermedades, aunque con ello no logró revertir la decisión de que siga detenida. Su pareja, Josue Bayón, es un mozo de 61 años, al que conocen como “Kiko”. Ambos están acusados formalmente por el delito de “trata de personas” agravado, contemplado en el artículo 145 bis y ter, el cual establece penas que podrían llegar hasta los 12 años de cárcel.
La acusación de esta pareja, vecinos de Villa Palacios, va de la mano con la misma imputación que hace unos días recayó sobre tres mujeres detenidas en el marco de los procedimientos que la justicia federal y provincial llevaron a cabo en la zona del Bajo, el 29 de noviembre pasado, cuando fueron rescatada de dos prostíbulos, entre 10 y 16 mujeres, víctimas de la explotación sexual a través del ejercicio de la prostitución.
De los cinco detenidos que tiene, hasta el momento, este caso cabe resaltar que la acusación contra Bayón y Luna es la de mayor trascendencia, pues se trata de los “dueños del negocio”, según lo expuesto por la fiscalía federal, a cargo de Eduardo Villalba, en las distintas audiencias que ya se celebraron en torno a este caso en el ámbito de la justicia federal, fueron competente en este tipo de delito.
Luna y Bayón fueron detenidos el 5 de diciembre pasado y al día siguiente fueron acusados ante el juez Federal de Garantías, Julio Bavio, oportunidad en que la fiscalía arremetió con todas las pruebas reunidas en contra de esta pareja, propietarios de uno de los prostíbulos allanados, desde donde se rescataron diez víctimas. Se trata de un inmueble ubicado en calle Astigueta al 600, el cual era regenteado por una de las tres mujeres detenidas también por estos hechos.
Intervenciones telefónicas
Al momento de presentar sus cartas, Villalba señaló la investigación se inició el 30 de octubre pasado, lo que activó no sólo las denominadas tareas de inteligencia sino también intervenciones telefónicas, las que dieron buenos frutos, pues permitió reunir pruebas de peso a la vez que amplió el círculo de investigados, lo que derivó en la detención de Luna y Bayón, sindicados como los principales beneficiados por el negocio de la prostitución en uno de los burdeles allanados.
Respecto al inmueble de los acusados, la fiscalía resaltó que el mismo se encuentra a solo 7 minutos del centro, con lo cual dejó expuesto la gravedad de que un delito tan aberrante se cometa prácticamente en las narices de los salteños. Rechazó de manera contundente que los dos acusados sostengan que desconocían lo que sucedía en su casa, pues aseguró que nadie alquila una propiedad y luego se desentiende de lo que sucede o lo que hacen en el mismo los locatarios.
Aseguró que, desde un inicio, la pareja acusada no sólo conocía que allí se explotaba la prostitución, sino que eran los promotores principales de esa actividad y, obviamente, los que se llevaban casi toda la ganancia de ese negocio, el cual giraba en el pago de 500 pesos por cada pase que las víctimas realizaban en ese prostíbulo. Aunque se desconoce los montos finales, Luna y Bayón se llevan 6 mil pesos semanales.
Testimonios
Al respecto, la fiscalía señaló que tiene en su poder numerosas declaraciones de las víctimas de que eran obligadas a reunir esa suma y, cuando no llegaban, debían endeudarse para poder cumplir, pues la presión ejercida por los acusados era constante. Asimismo, se reveló que son coincidentes las referencias de las mujeres rescatadas y de las otras tres acusadas, respecto a que Rita Luna eran quien se presentaba a cobrar ese dinero, siempre en distintos vehículos.
Sobre la situación de endeudamiento en la que recayeron algunas de las víctimas, lo que quedó probado por la presencia en los prostíbulos de un ciudadano colombiano, quien llevaba adelante préstamos a las víctimas, bajo el sistema “gota a gota”, el fiscal indicó que provocar la deuda, casualmente, es uno de los indicadores que distinta jurisprudencia señala como elemento constitutivo de la comisión del delito de trata de personas.
Entre otras pruebas y características del caso, la fiscalía se refirió a las víctimas, las que describió como mujeres que provenían no sólo de la capital salteña, sino de la provincia de Jujuy y de localidades vecinas, como General Güemes. Adujo la fiscalía que también había una tarea de captación de mujeres, pues algunas de las víctimas indicaron que las querían echar por la edad avanzada de las mismas.
“No se trataba de un medio de vida, pues surge de las declaraciones de las víctimas que eran obligadas a reunir el dinero exigido por los acusados en concepto de alquiler de vivienda que, claramente, ellos conocían muy bien que el inmueble no era utilizado para ese fin, sabían lo que allí sucedía y ellos se llevaban la mayor ganancia de esa actividad”, sostuvo.
Prisión peventiva
En vista de ello, Villalba solicitó la prisión preventiva de Luna y Bayon, en especial por la posibilidad de que, en libertad, se entorpezca el proceso penal a través de amenazas y otras maniobras de hostigamiento. Cabe señalar que una de las víctimas sostuvo que la acusada la habría golpeado tras los procedimientos, señalándola como la “buchona”.
La defensa, por su parte, solicitó el sobreseimiento y se opuso a la preventiva pedida por la fiscalía. Adujo que la vivienda había sido alquilada para vivienda, y que sus clientes desconocían lo que sucedía, incluso señaló que días atrás radicaron una denuncia penal en la justicia provincial por el delito de usurpación, pues las personas que residían en el inmueble no son las mismas que celebraron el contrato de alquiler.
Asimismo, sostuvo que las declaraciones vertidas por las otras tres acusadas fueron sin juramento de decir verdad, por lo que es muy probable que, en busca de tomar distancia de la acusación en su contra, hayan mentido y endilgado a la pareja situaciones que no son ciertas. Estos argumentos, sin embargo, fueron rechazados por la fiscalía, la que fue más allá y solicitó que la clausura de dicho domicilio.
El pedido lo hizo en razón de que se pudo establecer que, tras los procedimientos, la actividad de explotación sexual en el domicilio siguió adelante, por lo que indicó que “es necesario, desde la justicia, instar una fuerte medida a fin de hacer cesar este flagelo”. Bavio, en tanto y en respuesta a todos los planteos, dio por formalizada la investigación, ordenó la prisión preventiva de los acusados, como así también dispuso la clausura del domicilio; en ese sentido, ordenó que la medida se diligencie a través de la municipalidad de la ciudad.
