SALTA (Redacción) – Al respecto, este organismo resaltó su “recomendación Nº 1”, la cual, casualmente, tiene como objetivo el retiro del arma para el agente que incurra en hechos de violencia de género. En este marco, recordaron que desde 2014 a la fecha, se han cometido cinco femicidios con armas reglamentarias de la Policía de Salta. Esta situación, llevó al Observatorio a expresar su “profunda preocupación” por el grado de violencia que sufren las mujeres en la provincia.
Esta preocupación, claro est{a, surge tras el asesinato de Liliana del Valle Flores, ocurrido el pasado 24 de diciembre en la vivienda que la mujer, junto a tres hijos, ocupaba en el barrio Los Paraísos, en la localidad de Cerrillos. «Este hecho se inscribe en otros femicidios que anteceden en nuestra provincia», sostuvo el Observatorio.
Y señaló que en 2014 fue asesinada Claudia Sierralta, en Tartagal, quien dejó huérfanos a cuatro hijos; en 2015 se cometió el femicidio de Marlene Herrera, en Piquirenda. Jessica Sarapura, en La Caldera, y Delia Lamas, en Salta Capital, fueron asesinadas en 2016. Todos “estos crímenes se han cometido por agentes policiales, quienes cometieron los hechos con el arma reglamentaria», destacó este organismo en un comunicado.
En el caso de Cerrillos, Flores fue asesinada de tres disparos a las 7 de la mañana por su ex pareja, el policía Hedgar Exequiel Almirón, quien luego de cometer el crimen delante de sus tres hijos, se suicidó con la misma arma reglamentaria con la que mató a su mujer, con quien había mantenido un altercado días antes, lo que fue el desencadenante de esta tragedia.
Flores, al respecto, había denunciado agresiones y amenazas por parte de su ex marido, razón por la cual –y por orden judicial- se la había enviado a su casa con una custodia policial. Ello, sin embargo, no fue ninguna garantía, pues Almirón burló esa barrera de supuesta protección y mató a su ex mujer, hecho por el cual ahora se investiga qué pasó con la consigna.
Recomendación
En vista de este hecho, el Observatorio recordó su recomendación Nº 1, que «pondera entre otros ítems el cumplimiento de la ley de la Policía de Salta Nº 7742» y «también se recomienda el retiro del arma reglamentaria cuando el agente protagonice algún evento que configure violencia de género». Y reiteró al Ministerio de Seguridad de la provincia la vigencia de la emergencia social en violencia de género «con el objeto de garantizar políticas públicas para su prevención y erradicación».
Sandra Cayola, es una de las íntimas amigas de Liliana Flores, quien vivía a dos cuadras de su casa. El día del crimen, a las 7.50, vecinos tocaron a su puerta para informarle del homicidio de su amiga. “A la familia, a mí, a todos, nos tomó de sorpresa porque nunca esperas esto”, contó. Recordó que el lunes 23 vio por última vez a Liliana, cuando hablaron sobre los preparativos de las fiestas.
En esa charla, agregó, “me comentó que no estaba bien porque el padre de los chicos no le pasaba la plata para pasar las fiestas”. “Él no me quiere mandar, me dijo”. Por la situación, su amiga ofreció que pasaran las festividades juntas. “Le dije que entre las dos íbamos a hacer algo porque la cuestión era compartir”. Flores, en tanto, respondió que si su ex marido le mandaba plata iba a pasar la Nochebuena con sus hijos y después iría a la casa de Sandra.
La amiga afirmó que a Flores le angustiaba la situación económica que atravesaba porque el padre de sus tres hijos no le pasaba el dinero que correspondía. En un grupo de whastapp que Liliana tenía junto a Morena y dos amigos más, la joven contó a la una de la madrugada del 24, Almirón le enviaba mensajes insultándola y amenazándola, sin imaginarse de que sucedería pocas horas después.
Morena también contó que, Liliana ya había sufrido agresiones por parte del agente. “Una vez trató de acogotarla, ella solamente había llamado al 911 y nunca radicaba la denuncia”, relató. “Dos días antes, ella me comentó que no sabía qué le pasaba» a Almirón porque la amenazaba, «le decía que lo deje de molestar y vea cómo iba a hacer con los tres hijos”. Sostuvo que en varias oportunidades sus amigos insistieron para que Liliana denunciara a Almirón, pero ella respondía: “si lo denuncio, va a perder el trabajo”. “Esa es la violencia económica que muchas veces padecemos las mujeres”, lamentó la amiga.
A pesar de que Flores tenía custodia policial, Almirón, no se sabe cómo, igual ingresó al domicilio de la joven y la mató. El agente Elvio Rolando Aguirre, a cargo de la custodia, fue imputado como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt.
Aguirre fue citado a declarar el mismo jueves y tras conocer la acusación del fiscal decidió no hacerlo. El agente asistió con su abogado particular y comunicó que su declaración iba a ser por escrito en los términos que fija la ley penal. Torres Rubelt solicitó que Aguirre siga detenido “mientras se cumplen las diversas medidas que solicitó para lograr el esclarecimiento del hecho”, comunicaron fuentes del Ministerio Público.