SALTA (Redacción) – Si bien, y prácticamente desde su detención, Juan Antonio Lapad goza de una prisión domiciliaria, su situación procesal no sólo no mejoró sino que todo indica que le será muy difícil zafar. Para la Fiscalía Federal es el jefe de una organización narcocriminal, la cual tenía como modus operandi el tráfico de droga desde el chaco salteño, para su posterior comercialización en el mercado de esta ciudad.
Para los investigadores Lapad y su hijo Sergio, hermano y sobrino del Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, Mashur Lapad y de la Asesora General de Menores e Incapaces, Mirta Lapad, tenían como objetivo abastecer a revendedores en la capital salteña, especialmente con marihuana, droga que ingresaba por la triple frontera.
Esta hipótesis surgió el 26 de julio del año pasado, en la mesa de trabajo de la Procunar Noa, de la Fiscalía Federal de Salta, a partir de un informe que provino de una Unidad Especial de Investigación Gendarmería Nacional, la que reportó detalles de una “organización delictiva transnacional”, la que acopiaba droga en localidades salteñas, como Morillo, Alto La Sierra y Los Blancos, como así también El Potrillo y El Chorro, en Formosa.
Obviamente, el reporte llevaba apuntado algunos nombres, los que sirvieron de punta de ovillo para el caso. A medida comenzaron a tirar de ello, surgieron otros nombres, entre ellos los de Juan Lapad y su hijo Sergio, como así también de Teodoro y Enzo Aria, otra dupla de padre e hijo. La investigación siguió adelante hasta que la organización puso en marcha el traslado de una importante carga.
Fue así como los investigadores llegaron al 19 de octubre pasado -fecha elegida por los acusados para el tráfico de 29 kilos de marihuana- preparados. Con intervenciones telefónica escuchadas en tiempo real, la fiscalía coordinó la detención de los principales implicados, entre ellos, claro está, se hallaban Lapad y su hijo, Arias y el suyo, Nicolás Isaías López, Diego Alberto Juárez y Ramón Jesús Cortez.
A todos estos se los acuso el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes y por la participación de un menor de edad, una acusación bastante grave, pues prevé penas de hasta 15 años de prisión. De todos los acusados, y sólo por razones de enfermedad, el juez federal, Julio Bavio, admitió la prisión domiciliaria de Juan Antonio Lapad.
Nueva audiencia
Tras formalizar la acusación en contra de la banda, todo parecía indicar que la actividad en la causa parecía ya destinada a los trámites formales con algún que otro planteo defensivo, sin embargo, nada de eso fue así, pues el 30 de diciembre pasado, la fiscalía sorprendió al solicitar al juzgado de Garantías la realización de una nueva audiencia en el marco de esta causa, pues tenía para formalizar nuevos cargos en contra de otros cómplices.
La audiencia se realizó en horas de la tarde, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, donde los acusados, defensores y familiares llenaron las bancas, celosamente vigiladas por un importante número de uniformados de Gendarmería Nacional. La escena se completó con el fiscal federal, Eduardo Villalba y su equipo, mientras en el estrado estuvo la jueza, Mariela Giménez, quien apenas lleva un mes en ese cargo.
El primero en hacer uso de la palabra fue el fiscal, quien sorprendió con la acusación a otros cuatro nuevos integrantes de la banda. Se trata de tres hombres y una mujer, quienes, según los argumentos de Villalba, se tratan de otros componentes de la organización narcocriminal que lideraba Lapad y su hijo, con lo cual la situación de todos los acusados se tornó aún más comprometida.
Eduar Santillán, Marcelo Cruz, Eva Choque y Luis Figueroa, estos fueron los nuevos acusados por la fiscalía. Todos ellos estaban presentes en la audiencia, cada uno con sus defensores. Los mismos se suman a los siete primeros detenidos, con lo cual el número de implicados en este caso aumentó a 11, sin que se haya descartado la posibilidad sumar otros sospechosos en el futuro.
A través de una presentación digital, Villaba presentó el esquema de acción de la organización. «La droga era introducida por Santillán, tras lo cual, bajo la coordinación de Juan Lapad y su hijo, la mercadería quedaba bajo el dominio de los dos acusados Arias y era acopiada en viviendas en Morillo y en Embarcación, antes de llegar a esta ciudad”, reveló el fiscal en su presentación.
Agregó que Cruz tuvo una intervención clave, pues la droga se acopiaba en la vivienda que este alquilaba en Embarcación, la que era frecuentada por Sergio Lapad. Dijo que Choque también era funcional a la organización, pues era quien recibía la droga en Salta capital para su distribución en bocas de expendio, lo que acreditó, entre otras pruebas, señalando que en su vivienda, al ser allanada, se secuestró 119 gramos de marihuana y su nombre surge de las intervenciones telefónicas.
Sobre Figueroa, el fiscal sostuvo que era un transportista de la organización, aunque no llegó a comprobarse que hubiese intervenido directamente el día del secuestro de la droga, pero sí los días anteriores, calificando su intervención como partícipe secundario. En vista de todo ello, Villalba solicitó la formalización de la investigación para los nuevos acusados, como así también la prisión preventiva para Santillán y Cruz, mientras que para Choque y Figueroa solicitó solamente reglas de conducta, ya que hasta el momento demostraron colaboración con la investigación.
Prisión preventiva
La acusación a nuevos imputados, sin embargo, no fue lo único que el fiscal tenía preparado. En un segundo tramo, Villalba solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Lapad, su hijo y los otros cinco acusados detenidos el 19 de octubre pasado. Al fundamentar este pedio, el fiscal dio detalles del accionar de esta organización, dándole el rol principal a Juan Lapad junto a su hijo Sergio, quienes dirigían las operaciones que les permitió a los acusados obtener los 29 kilos de marihuana, la que pretendían trasladar a esta ciudad.
Villalba reiteró que Eduar Santillán, uno de los nuevos imputados en el caso, era el encargado de introducir la droga al país. La hipótesis es que una vez que esto sucedía, Lapad coordinaba para que la droga sea trasladada a viviendas de acopio, tanto en Morillo como en Embarcación, previo traslado a la capital salteña. En ese orden, reafirmó que el hecho desbaratado no se trató de un transporte ocasional sino que todos los acusados integraban una organización que ya había llevado adelante otras maniobras de tráfico, las que detalló.
Señaló el secuestro de 100 kilos de marihuana registrado el 22 de mayo de 2019, en la provincia de Jujuy. Indicó que la droga iba en una camioneta VW Saveiro, cuya titularidad pertenecía nada menos que a Juan Lapad, como así también se comprobó que uno de los dos detenidos por este caso, quien era menor de edad al momento, luego se comunicó con Lapad y ahora está imputado por el nuevo hecho.
El fiscal resaltó las “vinculaciones políticas” de los acusados, y no descartó que en caso de recuperar su libertad puedan llegar a entorpecer la investigación que se lleva adelante, por lo que solicitó que Lapad, su hijo y el resto de la banda sigan detenidos. Al respecto, reveló que de las numerosas intervenciones telefónicas realizadas por este caso surgen datos que permiten fundar este temor o, al menos, poner en alerta a la fiscalía.
Remarcó que en una de las escuchas Lapad fue avisado de que estaban siendo investigados por las actividades ilícitas por las que finalmente fueron detenidos y que quien efectuó la llamada hizo referencia “a los tíos”. Asimismo, destacó también el riesgo de fuga de los acusados. Atento a todo ello, la jueza Giménez compartió el criterio de la fiscalía y decidió ampliar la prisión preventiva de los acusados, quienes seguirán privados de su libertad por 45 días más.
