SALTA (Redacción) – Los delitos que se le achacan a Reynoso esta vez no son distintos a los reclamados en el primer juicio que enfrentó, el que concluyó el 25 de marzo de 2019 con una condena de 13 años de prisión. La pena fue dictada por el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces, Federico Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, los que encontraron al ex juez culpable de prevaricato y concusión.
El lunes, Reynoso volvió a aparecer frente a un estrado judicial. Con su traje negro, chaleco protector y rodeado de policías y efectivos del Servicio Penitenciario Federal, el ex magistrado ocupó una de las bancas para los acusados en la sala de audiencias en el Tribunal Oral Federal 2, ubicado en la esquina del Paseo Güemes y calle Uruguay, frente al monumento al General Martín Miguel de Güemes.
En la banca contigua, en la pequeña sala acondicionada de cámaras de video y televisores, se acomodó Miguel Saavedra, defendido por el defensor oficial, Oscar Tomás del Campo, mientras que en el otro frente, los abogados Héctor Lufrano y Horacio Morales, se acomodaron para representar a su colega, Luciano Ciscato, un letrado laboralista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien intentó zafar de este juicio en diciembre pasado con un pedido de probation que fue rechazado por el juez federal Bavio, como así también por la Cámara Federal de Apelaciones.
El cuarto acusados, en tanto, fue otro personaje de pesos, aunque no estuvo presente en cuerpo y alma, pues desde diciembre pasado permanece alojado en un pabellón de máxima seguridad en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires. Se trata de Castedo, a quien se lo pudo ver sentado frente a una cámara en una pequeña celda, mientras su abogado defensor, Mariano Alvarez, ocupó un lugar casi pegado al estrado del tribunal de jueces. Al frente, en tanto, se ubicó el fiscal federal, Carlos Amad, representante del Ministerio Público y director de la acusación.
Tras las quejas por la demora, el juicio comenzó pasada las 8.30, los acusados fueron identificados y en seguida, el defensor de Castedo pidió hablar en privado con su cliente, razón por la cual la sala fue desalojada. Más tarde, el debate se reanudó con la lectura del requerimiento de juicio, circunstancias en que se explicó la génesis de la segunda acusación en contra de Reynoso por hechos de corrupción durante su desempeño como juez federal en Orán.
En esta parte, se conoció que Reynoso es juzgado por los delitos de “concusión”, “cohecho pasivo”, “prevaricato” y falsificación ideológica y material de instrumento público”, en todos los casos en calidad de autor. Castedo, en tanto, responde por el delito de “cohecho activo”, mientras que Ciscato, lo hace por “cohecho activo” y “falsedad de instrumento público”, en tanto, que Saavedra está acusado de “cohecho pasivo”. Por su parte, Arsenio Eladio Gaona, otro letrado procesado en esta causa, permanece prófugo.
También se brindaron detalles de los hechos imputados a los acusados, siendo los mismos tres: el primero hace referencia a una supuesta “coima” que habría pagado Castedo al ex juez y Saavedra, maniobra de la que participó supuestamente Ciscato. La misma data del 5 de diciembre de 2013 y consistió en la falsificación de un acta de indagatoria de Castedo, la cual se habría tomado durante un supuesto acto procesal del que participó un “falso” Castedo, quien luego fue beneficiado con una exención de detención dispuesta por Reynoso.
Asimismo, se hizo referencia a un segundo casos, en el que el ex juez federal está acusado de haber restituido de manera ilegal distintas sumas de dinero secuestrado por distintas infracciones, mientras que por último también se lo acusa de irregularidades en el permiso otorgado a un comerciante para el traslado de mercadería, operaciones que habría redundado, tanto en un grave perjuicio económico al estado nacional como en el apartamiento de la ley.
Estas actuaciones derivaron en las acusaciones penales por las que ahora, tanto el ex juez como los otros imputados, enfrenta un juicio oral y público, surgen de una investigación impulsada por los fiscales Iglesias y Villalba, quienes iniciaron las pesquisas sobre un remanente de resoluciones dictadas por el ex juez, las que fueron calificadas como sospechosas.
Prescripción
El exjuez, quien ejerce su propia defensa junto al defensor oficial de Jujuy, Matías Gutiérrez Perea, realizó un planteo de prescripción de los delitos de prevaricato imputados. En concreto, adujeron que entre el primer llamado a indagatoria, el 17 de noviembre de 2016, al requerimiento de elevación a juicio, el 23 de julio de 2019, se superó el máximo de dos años previsto por el Código Penal.
Resaltaron que al tratarse de un delito con pena de multa e inhabilitación, y dado de existiría un vacío legal sobre el análisis de si corresponde la aplicación del inciso segundo (de 2 años) del artículo 62 o el tercero (de 5 años), de la misma norma, consideraron que por el principio de “in dubio pro reo”, el que beneficia al acusado, se debe tener como aplicable el término de prescripción de dos años.
Al respecto, tanto el ex juez como su defensor, basaron su planteo. Al cual, Reynoso respaldó al sostener que al momento de la elevación a juicio, ya no era juez, pues recordó que el 22 de diciembre de 2015 fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, mientras que el 1 de mayo de 16 presentó su renuncia como magistrado.
La defensa de Castedo, a propósito, planteó que su cliente sea trasladado a Salta para estar presente en el debate, siendo éste un derecho que le corresponde. En ese orden, desmereció el sistema de Video Conferencia como una alternativa ante la distancia con el Penal de Ezeiza, el letrado rechazó los impedimentos y calificó como excusas del Servicio Penitenciario Federal su negativa a trasladarlo.
El defensor oficial, Oscar Tomás del Campo, en representación de Saavedra, solicitó lo contrario, pues requirió que su cliente pueda seguir el debate desde Orán asistido por el sistema de Video Conferencia, por lo que requirió que se hagan los arreglos del caso.
La fiscalía, en tanto, adhirió al planteo de Reynoso respecto a la prescripción del delito de prevaricato por entender que así surgía del análisis de las fechas, mientras que con respecto a lo requerido por la defensa de Castedo pidió su rechazo, ya que se trata de una petición ya realizada y denegada oportunamente, y por último no puso objeción a lo pedido por la defensa de Saavedra.
Tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió rechazar el pedido de prescripción por entender que no existe tal vacío legal y que la interpretación correcta para el cálculo de la prescripción se debe realizar en base al inciso tercero de la norma en discusión, o sea un plazo de 5 años.
Además de otras consideraciones, el tribunal también rechazó el pedido de interrupción del debate y traslado de Castedo a Salta, como así también dejó pendiente a cuestiones técnicas la posibilidad de que Saavedra siga el debate desde Orán por Video Conferencia.
Acto seguido, Reynoso pidió prestar declaración, circunstancias en que rechazó de plano todas las acusaciones, negó una y otra vez haber recibido “coimas” y aludió que la persecución penal en su contra respondió a una actuación deliberada de la fiscalía auspiciada por las acusaciones mediáticas surgidas en su desmedro.
