SALTA (Redacción) – En un juicio a siete gendarmes de Salta y miembros de su entorno investigados por cobrar coimas, culminó con condenas de entre 8 y 12 años de prisión para seis funcionarios y funcionarias de la fuerza de seguridad. Así también condenaron a otras cuatro personas por el delito de encubrimiento. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal N°1, que integran los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz y Marta Liliana Snopek.
En tanto, estas penas dictadas por los jueces coinciden en su totalidad con lo requerido por el fiscal general Carlos Martín Amad. Este último se encuentra a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta y llevó adelante la acusación contra los once acusados, entre ellos los siete integrantes de Gendarmería. Todos ellos llegaron a juicio por formar parte de una organización que cobraba coimas a empresas que trasladaban a comerciantes para realizar tour de compras.
Una banda con mayoría familiares
En tanto, el caso comenzó el pasado 27 de enero de 2017 tras la intervención de la Fiscalía Federal Nº 2 por una investigación preliminar. Pero finalmente llegó a juicio el 15 de julio del año pasado, tres meses después de iniciada la pandemia. Desde el organismo apuntaron que por este contexto hubo «diversos contratiempos». Sin embargo, destacaron que fueron «subsanados a partir de la aplicación de distintos protocolos sanitarios».
Por su parte, el mencionado fiscal Amad, tanto durante el juicio como en su alegato, sostuvo que un oficial de Gendarmería junto a sus cómplices y la red de encubridores, la mayoría de ellos familiares, montaron una organización delictiva. Todos tuvieron como fin «el cobro de dádivas o coimas a distintas empresas que transportaban a comerciantes».
Los controles truchos para cobrar coimas
Durante la investigación constataron que la actividad delictiva se realizaba a lo largo de la ruta 5. Así también en otras vías de tránsito en las localidades de Las Lajitas, en el Departamento de Anta y El Naranjo, en Rosario de La Frontera, previo al ingreso a Tucumán. Luego, el fiscal Amad señaló que los integrantes de esta organización solían interceptar los vehículos o colectivos de los distintos tours en controles de rutina.
En tanto, estos condenados en función de la carga que llevaban las víctimas: «Establecían el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para dejarlos circular». De igual modo se pudo establecer que la tarifa promedio oscilaba en la suma de 15.000 pesos. Por último, debemos señalar que Amad apoyó la acusación y pedido de penas en los informes y actas.
También utilizó el resultado de los allanamientos, lo declarado por los testigos y el contenido de numerosas intervenciones telefónicas. Estas últimas «finalmente prevalecieron debido a la contundencia probatoria respecto del accionar de cada uno de los integrantes de la organización». Finalmente, hubo un gendarme que terminó absuelto por el beneficio de la duda.
