SALTA (Redacción) – Otros nueve empleados municipales de Salta quedaron imputados por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Así lo determinó este viernes el juez federal de Garantías 2 Miguel Medina en una nueva audiencia por la investigación contra los funcionarios implicados. Los trabajadores de la municipalidad de General Pizarro están acusados por el delito de defraudación a la administración pública.
Cabe mencionar que la imputación la requirió el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. El funcionario también lleva adelante otros tres casos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios por el cobro indebido del IFE. Entre los investigados hay 26 concejales de distintos municipios salteños. También hay tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI y ahora se le suman los nueve empleados municipales.
Durante la audiencia, el fiscal Toranzos indicó que en este caso la investigación comenzó por la denuncia del propio intendente de General Pizarro, Antonio Pérez. Este jefe comunal salteño reveló que, al menos, doce empleados de la administración que dirige habrían cobrado el bono de 10 mil pesos. Allí, el fiscal recordó que el IFE fue destinado a ayudar a las personas que por el aislamiento obligatorio se quedaron sin posibilidad de acceder a ingresos.
Los empleados municipales implicados
Por otra parte, las autoridades detallaron que la empleada Gabriela Fernanda Alvarez se desempeña con el cargo de auxiliar y accedió al cobro de dos cuotas del IFE. Al igual que Enzo Martín Bautista, quien trabaja en el municipio mencionado y es delegado del I.P.S.S. Luego, se puede mencionar a Raúl Rafael Cardozo, con el cargo de chofer; Nanci Argelia Fernández, con el cargo de administrativa; y Julio Humberto Paz, agente de tránsito.
Eva Virazate, por su parte, tiene el cargo de cobranza de piso y Francisca Ernestina Zarza, es encargada del Registro Civil. Además, Toranzos señaló a los empleados que percibieron un solo pago del IFE. Esta es la situación de Marcela Mireya Artiaga, con el cargo de ordenanza y Cristian Humberto Erazo Santa Ana, quien se desempeña como Director de Cultura en el municipio.
Por este motivo, el fiscal destacó: “Todos ellos prestaban servicios en el municipio y percibían sus haberes, por ello era incompatible el acceso al IFE. No obstante, llevaron adelante los trámites y con ello, causaron un grave perjuicio al Estadio Nacional. En especial a las personas para quienes estaba destinado este beneficio”.
Finalmente, imputó a los acusados el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. Según detallaron, este delito prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
