SALTA (Redacción) – La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, pidió la elevación a juicio de una causa contra cuatro policías de Salta. Así lo requirió ante el Juzgado de Garantías 2, porque los efectivos están acusados de los delitos «de severidades calificadas y lesiones leves». Según detalló la funcionaria, detuvieron a un menor que le había robado a un remisero y luego lo golpearon y le causaron lesiones.
En este sentido, podemos mencionar que las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia y el sargento Pablo Exequiel Toledo. También se vieron implicados en el caso el cabo Ignacio Esteban Zurita y el cabo Darío Aníbal Guzmán. «Todos con revista en la División Seguridad Urbana», precisaron desde la Fiscalía. Este episodio de presunto abuso policial sucedió en la madrugada del 13 de junio de 2020.
Robo a un remisero y golpes al menor detenido
«Los acusados a bordo del móvil 1727 se desplazaron a colaborar con el móvil 1737 de la subcomisaría de Villa Lavalle. Donde divisaron a los causantes del robo a un remisero, a quien asaltaron con un cuchillo en inmediaciones de la esquina de las calles Julio Paz y Carlos Outes», relataron las autoridades. «Al divisar a un menor que se daba a la fuga, los imputados lograron alcanzarlo en el Pozo de la Muerte y lo detuvieron», agregó la Fiscalía.
Sin embargo, advierten que luego de la detención, trasladaron al menor a la subcomisaría de Villa Lavalle. «Según el menor, los mismos efectivos que lo detuvieron, lo metieron a una habitación y lo golpearon en distintas partes del cuerpo», apuntaron. En consecuencia, estos golpes «le produjeron al menor lesiones que fueron constatadas por certificados médicos». Por su parte, la fiscal Simesen de Bielke, sostuvo que surgió «con claridad» la figura del delito de «severidades agravadas por el uso de la violencia».
Del mismo modo explicó que la imputación: «Pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo ser humano en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona». «Se tiene así que los acusados, funcionarios policiales con el deber de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo una conducta totalmente contraria a lo que se espera de un funcionario. Pues, en la situación de encierro, produjeron actos lesivos hacia la integridad física del menor, que resultó en el reproche penal», concluyó.
